La demanda de Repsol alcanzaba también a un banco de inversión estadounidense llamado New York Mellon (BONY), según sus siglas en inglés, y pedía que le abonasen 50 millones de dólares con concepto de indemnización ante una supuesta infracción al momento de realizarse la elección de los miembros del directorio de YPF, en la asamblea de la Sociedad, el 4 de junio de 2012, cuando el Estado argentino tomó control de la compañía.

La multinacional de origen español denunciaba que no se había cumplido con las instrucciones de voto que ella misma emitió para la elección del directorio. Por ello, Repsol argumentó en su presentación una supuesta intervención inapropiada de YP. Este proceso forma parte de las demandas promovidas por Repsol luego del dictado de la Ley 26.741 que declaró de Interés Público Nacional el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos y de Utilidad Pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF S.A. y Repsol YPF Gas S.A.

Sin embargo, la Corte sostuvo, entre otras cuestiones, que Repsol no logró demostrar que YPF actuó con negligencia o mala fe; que participó en la supuesta falta de BONY para transmitir oportunamente las instrucciones de voto; que haya interferido dolosamente en la relación de Repsol y BONY.

La decisión judicial se suma a otros precedentes en la Argentina que han rechazado los planteos de Repsol dirigidos a cuestionar la convocatoria de dicha asamblea y a suspender sus efectos. Tras el fallo favorable a YPF, Repsol no podrá presentar nuevamente una demanda contra la petrolera argentina por los mencionados reclamos.