La modificación del protocolo para no evacuar ante amenazas de bomba fue ordenada semanas atrás por el fiscal Condomí Alcorta que está a cargo de todas las causas por intimidación pública en la Región. Sin embargo, los directivos de los establecimientos no fueron notificados de forma fehaciente y la normativa vigente emanada por la Dirección General de Cultura y Educación establece que las instituciones deben ser evacuadas.

El nuevo accionar para no interrumpir las clases que incluye una revisión previa al inicio de las clases y una custodia constante para “blindar” los establecimientos fue comunicado sólo de forma verbal por los agentes policiales a los directivos. Según relató a Info BLANCO SOBRE NEGRO un testigo presencial de lo sucedido el jueves 4 de octubre, para intentar convencer al director de no evacuar, el oficial a cargo del operativo le pidió “colaboración” y le mostró el audio del llamado al 911, con la intención de demostrar que la amenaza era inverosímil.

Los policías aseguraron que por ser un caso de “baja peligrosidad” no era necesario evacuar. Sin embargo, se negaron a firmar un acta que garantizara que no había ningún tipo de riesgo y reconocieron que “siempre puede haber riesgo, por más que sea bajo”. Las autoridades se negaron por entender que se les estaba pidiendo “compartir la responsabilidad” de una decisión para la que no están facultados.

Desde Educación nunca hicieron ningún tipo de observación o crítica a las autoridades del colegio durante las más de 50 evacuaciones que se llevaron a cabo a lo largo de este año. La comunidad educativa tiene organizado al detalle el procedimiento y nunca hubo ningún tipo de accidente.

El fiscal responsabilizó a los directivos del colegio por incumplir con un nuevo procedimiento que él decretó en forma unilateral, que no fue notificado de modo formal a los colegios y que tampoco fue oficializado por la Dirección General de Cultura y Educación que es el organismo responsable de establecer este tipo de cuestiones.

“Por más que lo diga Condomí Alcorta o un juez de la Corte Suprema, es el gobierno bonaerense el que debe hacerse cargo de cambiar el protocolo y notificarlo a las autoridades de la escuela. Si tomaron esa decisión, los funcionarios tienen que responsabilizarse”, expresaron desde la escuela a este portal.

En el Normal 1, los padres también habían expresado su repudio a que ingresaran efectivos policiales armados al establecimiento mientras los niños permanecían en los salones.

En un comunicado firmado por la “comunidad educativa del Normal N°1”, padres de alumnos del colegio y docentes repudiaron la imputación contra el director expresaron: “Entendemos como grave, que se recomiende al Directivo a no evacuar, ya que desconocemos el origen de estos llamados y no sabemos hasta donde es capaz de llegar quien esté detrás de todo esto”.

Y agregaron: “Aafirmamos que empujan a los directivos a un callejón sin salida puesto que si el directivo hace caso a la brigada de explosivos y no realiza la evacuación, poniendo en riesgo a los alumnos con esta desición, y luego se comprueba la veracidad de la amenaza y sucede una tragedia no tenemos duda de que también seria responsabilizado e imputado el directivo”.