“El fiscal pese a que dijo que quería escuchar a los papás y docentes comenzó hablando él, manifestando que la causa está avanzada y que en el transcurso de la semana habría novedades. Sin embargo, no dio certezas respecto al desarrollo de la investigación y fue muy ambiguo en sus respuestas”, relataron los padres del Normal 1 luego del encuentro con Condomí Alcorta.

“En primer término, intentó responsabilizar a los directivos del colegio de no tomar las medidas necesarias y de no aceptar el blindaje sosteniendo el protocolo de evacuación. Ante esto tanto directivos y papás manifestamos que ante un hecho de intimidación el blindaje resulta ineficaz e inviable en una institución de la magnitud del Normal 1”, expresaron.

Y agregaron: “El blindaje no es la resolución al problema de fondo y que lo que se pretende es una investigación seria que apunte a terminar con este flagelo. Por otra parte, se le manifestó que la respuesta en el ámbito pedagógico respecto de alumnos involucrados le compete a la escuela respetando la normativa de niñez vigente”.

El fiscal impulsa una modificación de hecho en los protocolos ante amenazas de bomba y pretende que la Policía registre los establecimientos sin evacuar a los alumnos. Además, propone una revisión previa al inicio de las clases y que efectivos hagan guardia en las puertas. Este proceder no fue respaldado oficialmente por la Dirección General de Cultura y Educación por lo que los directivos del Normal 1 se oponen a cumplir órdenes emanadas por el fiscal a través de dichos de efectivos policiales. La respuesta de Condomí Alcorta fue imputar al director del establecimiento.

Otro dato que surgió de la reunión es que el fiscal está a cargo de todas las causas iniciadas por las amenazas ocurridas desde el 8 de septiembre pero no de todas las anteriores por lo que en realidad no existe una unificación con el conjunto de las amenazas que se realizaron en la institución desde principio de año.

“Por otra parte, se le manifestó los malos tratos a directivos recibidos por parte de efectivos policiales y las ‘notificaciones’ verbales de la fiscalía en la escuela que no tenían precisión respecto del objeto de las mismas, como citaciones o reconocimiento de audios”, relataron los padres. Circunstancias que resultan intimidatorias para el cuerpo docente. Condomí Alcorta refirió ‘que eso estaba mal’ y que lo iba a hablar para que no se repita”, contaron.

Además, señalaron que el fiscal durante la reunión vaciló entre “dos hipótesis: una vinculada a los alumnos y otra ‘más compleja’”, aunque hizo especial énfasis en la que responsabiliza a los chicos.

“Lo que queda claro es que la investigación se centra en la identificación de llamadas pero no va más allá respecto del modus operandi, el porqué de la sistematicidad llegando estas últimas semanas a ser dos amenazas diarias, alrededor de 67 en lo que va del año”, criticaron los padres.

Por su parte, el vicedirector le planteó la necesidad de una reunión entre todos los estamentos del Estado involucrados y la comunidad educativa, a lo que el fiscal manifestó que él no la promovería pero que iría a la misma si lo convocan.

“El fiscal se comprometió a mantener informada respecto de la investigación a la comunidad educativa a través de los directivos”, señalaron los padres que a modo de conclusión expresaron: “La reunión nos dejó un sinsabor ya que el fiscal permanentemente vaciló en su línea argumental y estuvo a la defensiva”.