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Opinión

El Vuelo

Por Ernesto Alonso, Secretario de DD.HH del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata. Miembro de la Comisión Provincial por la Memoria, e integrante del Consejo Directivo del Instituto Malvinas de la UNLP.

por Blanco Negro

03/12/2018

Islas%20malvinas

En el libro de Horacio Verbitsky “El Vuelo” se revelan las atrocidades cometidas durante la dictadura cívica militar en los llamados “Vuelos de la Muerte”, donde miles de personas fueron arrojadas al vacío sobre el Río de La Plata.

Los responsables de los asesinatos, personal militar perteneciente a la Armada Argentina y Prefectura Naval, marinos y pilotos, participarían en 1982 en la Guerra de Malvinas que luego de la derrota militar le permitiría al imperialismo británico multiplicar en 23 veces los territorios ocupados hasta ese entonces.

En estos días estamos hablando de un nuevo vuelo hacia Malvinas, que lo asocio con la ideología de aquellos que perpetraron el plan de desaparición, tortura, exterminio y devastación del aparato productivo llevado a cabo durante la dictadura, en contra de nuestro pueblo y de los intereses nacionales para favorecer a los planes del neo colonialismo que se impone en nuestro país y en la región.

Se concretó en el contexto de G20, lo anunciado en el comunicado 053/18 emitido por la Cancillería Argentina el día 16 de Febrero de 2018 próximo pasado donde se informaba que “En el marco de las relaciones bilaterales y con el espíritu de proponer acciones positivas en temas de interés común, la Argentina y el Reino Unido han realizado gestiones conjuntas ante los gobiernos de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay a fin de invitar a compañías aéreas de dichos países a operar un vuelo semanal hacia las Islas Malvinas”.

El vuelo a Malvinas es anunciado en los grandes diarios nacionales como una nota de color, colaborando con el mecanismo de cultura estratégica para la región, que es desinformar, ocultando las voces que ponen en discusión su total ilegalidad y por sobre todo los perjuicios que ocasionaría a los intereses nacionales, arrojando el recorrido histórico del reclamo de los argentinos al vacío.

Llevamos 35 años de democracia donde la República Argentina ha sostenido dentro del derecho internacional y las resoluciones de la ONU, el reclamo de soberanía sobre Malvinas, Geórgicas del Sur y Sándwich del Sur de los territorios usurpados en 1833 por Gran Bretaña.

A partir de la llegada a la presidencia de Mauricio Macri se evidencia una política de retroceso que nos aleja del camino hacia la recuperación de nuestro ejercicio soberano en el Atlántico Sur, se ponen en riesgo el resguardo de los bienes naturales, la presencia en el sector antártico argentino de nuestro Estado, desfinanciando el desarrollo científico y tecnológico como acciones que garantizan políticas soberanas en los miles de Km2 de nuestra plataforma continental.

El gobierno de Macri ha delineado una política de bajísima intensidad en el reclamo, primero suprime la Secretaría de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, acción seguida, el 3 de Septiembre de 2016 firma un inaceptable acuerdo con el Gobierno de Theresa May que textualmente dice: “Se acordó adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación, e hidrocarburos”.

Estas decisiones contrarían grandes logros de la diplomacia argentina, como por ejemplo la Resolución 2065/65, resultado de la labor del entonces Embajador José María Ruda durante el gobierno de Arturo Ilia, así también declaraciones nacionales refrendadas por el Honorable Congreso de la Nación como es la llamada “Declaración de Ushuaia”, declaraciones multilaterales emanadas de organismos regionales, a favor de los intereses de la República Argentina relativos a la cuestión Malvinas, tanto en lo que hace a su soberanía territorial, marítima, hidrocarburífera, ictícola, acuífera, y antártica, entre otras.

La política que está desarrollando Macri denota un alineamiento a la iniciativa británica en el Atlántico Sur, un camino ya recorrido durante los años 90 que favoreció al enclave “Neo-Colonial-Militar” instalado en nuestras Islas Malvinas.

Macri promueve violar la Constitución Nacional, la Ley 24.922/98 que refiere a que “son de dominio y jurisdicción exclusivos de la Nación, los recursos vivos marinos existentes en las aguas de la Z.E.E. Argentina.”, las Leyes 26.386/8, 26.659/11 y 26.915/13 que establecen prohibiciones y sanciones a las empresas que radicadas en el continente nacional realicen actividades en el atlántico sur sin autorización del gobierno nacional; y otras normas.

Funcionarios genuflexos de nuestra cancillería obvian ante la ignorancia del presidente otras resoluciones de ONU como la 31/49 que “Insta a las partes a abstenerse de ejecutar medidas unilaterales en el área en disputa” y las 3171/73, 3175/73 y 3336/74 que “Afirman el derecho de los Estados cuyos territorios están bajo ocupación extranjera a la soberanía permanente sobre sus recursos naturales; declarando que la explotación de los recursos naturales en esos territorios son ilegales e instando a poner fin inmediato; a restituir los recursos naturales y a la plena indemnización por la explotación y daños causados”.

La intervención de la estrategia británica se evidencia cada vez más en las operaciones de prensa para darles mayor entidad a los habitantes de las islas. Población insertada luego de la usurpación en 1833 que no es reconocida como pueblo, por ende no tiene el derecho de la autodeterminación.

Sobre esto hay un relato idílico de periodistas que promueven una visión que se aleja de la realidad. Cuando desagregamos el componente de las casi 3000 personas que hoy habitan las islas, observamos que solo 900 son nacidas y criadas en Malvinas los que representan la identidad isleña, el resto son de distintas nacionalidades, 600 originarias de la Isla de Santa Elena, 300 de Chile, Filipinos, Europeos de varios países y alrededor de 30 Argentinos. Una población que no tiene garantizados todos los derechos, como sucede en todo territorio colonial existente. Además hay que sumar unos 1500 efectivos militares pertenecientes a las fuerzas armadas británicas que hacen a Malvinas uno de los territorios más militarizado del mundo.

Malvinas es una empresa gestionada por CEOS donde todo aquel que está allí cumple una misión específica en función de la explotación planificada de recursos y el sostenimiento del enclave “neo -colonial – militar”. Malvinas no es un territorio de libre circulación.

El 25 % de las capturas de pesca que se realizan en el Atlántico Sur Sub Occidental se realiza con licencias que en forma ilegal e ilegítima se entregan en Malvinas, recaudando 40 millones de U$U anuales que hacen el 40% de su PBI y que en productos ictícolas exportados representan unos 270 millones de U$U.

El vuelo es festejado por Martin Slater, Gerente de la Corporación para el Desarrollo de las Islas y por el CEO del aparato estatal, Barry Rowland ya que había sido planificado dentro del Plan de desarrollo de las Islas y formó parte del Comunicado Conjunto acordado, que facilitará avanzar en la II fase de explotación que son los recursos hidrocarburíferos.

Asistimos sin ninguna duda a un “Plan Sistemático de Entrega” de la soberanía en todos los ámbitos de desarrollos estratégicos, la premura en la desactivación de la inversión en ciencia y tecnología, el desmantelamiento del plan satelital, la vertiginosa extranjerización de la tierra, la transferencia de recursos económicos a los sectores concentrados y la creciente violencia institucional ejercida contra todo aquel que reclame por una causa justa.

El Acuerdo Macri – May se impone en forma autoritaria a espaldas de la ciudadanía, sin mediar conversaciones y consensos en nuestra sociedad y sin contar con el aporte del ámbito natural y constitucional para debatir la cuestión: el Congreso de la Nación.

La cuestión Malvinas necesita el consenso de todas las fuerzas políticas, como fue en 1994 donde los constituyentes plasmaron en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional nuestro reclamo pacífico, respetando el modo de vida de los habitantes de las islas.

Estamos ante un estado de “EMERGENCIA SOBERANA” es imperioso crear el antídoto urgente para decir “NO AL ACUERDO” – “NO AL VUELO”. Está en juego el futuro de las próximas generaciones.


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