Con apoyo dispar y votaciones divididas, Cambiemos consiguió aprobar tres proyectos centrales para el año venidero. Se trata del Presupuesto 2019, el pedido de endeudamiento por 68 mil millones de pesos y la Ley Impositiva con un aumento del 37,8 % en el Impuesto Inmobiliario Urbano y Rural.

Los tres textos sufrieron modificaciones exigidos por la oposición, principalmente por los legisladores que responden a intendentes. En cuanto al Presupuesto, lo más significativo fue la marcha atrás por parte de la Provincia de su intención de transferir gastos por 14 mil millones de pesos a los municipios en conceptos de subsidios a la Energía Eléctrica, al agua (Aysa), el trasporte público local y al Ceamse que dejó de cubrir el gobierno nacional. También se eliminó el tope del 38% de aumento en las tasas municipales.

Además, se modificaron los porcentajes de afectación del Fondo Educativo a obras de infraestructura que el gobierno bonaerense pretendía elevar a un 100% en el conurbano y al 70% en el interior. Esos porcentajes quedaron fijados en un 50% y un 40%, respectivamente.

El diputado Marcelo Daletto, como miembro informante del oficialismo, repasó las características de la “Ley de Leyes” y resaltó “virtudes” como la “reducción de la presión tributaria” y del “costo fiscal” y la incorporación de impuestos nuevos como el que se aplicará a las máquinas tragamonedas. “Este Presupuesto está formulado en un contexto de crisis del país; lo normal en una crisis es aumentar impuestos y este Presupuesto no lo hace”, aseguró.

En la oposición, los bloques que votaron en contra de los tres proyectos fueron Unidad Ciudadana y el FIT. El resto de las bancadas tuvieron posturas diferentes en las distintas votaciones, como el caso del Frente Renovador que votó a favor del endeudamiento y la Ley Impositiva pero rechazó el Presupuesto.

Por Unidad Ciudadana, Florencia Saintout, cuestionó con preocupación: “Uno podría preguntarse cómo va a hacer el gobierno de la provincia para garantizar la compra de insumos que están dolarizados, cómo va a hacer para garantizar las clases”.

En nombre del Frente Renovador, Valeria Arata, expresó: “En consonancia con nuestros diputados nacionales vamos a votar en contra del Presupuesto porque entendemos que no habla de las necesidades de los bonaerenses”.

La ley de presupuesto 2019 proyecta un total de gastos de $929 mil millones, mientras que los ingresos totales ascienden a $889 mil millones. Desde el oficialismo aseguran que se conserva la importancia de la Obra Pública que continúa representando el 6% del Presupuesto, y “el fortalecimiento de la inversión social” porque “siete de cada diez pesos en este presupuesto están destinados a políticas de mejoras en desarrollo social, educación, salud, seguridad, jubilaciones y pensiones”.

Desde el FIT, Guillermo Kané acusó a Cambiemos y el peronismo de haber hecho un “pacto de contenido reaccionario, ya que quedan en pie tanto el ajuste a salud, educación y a los salarios, como el endeudamiento sideral”.

“El único punto en el que el peronismo se puso firme fue en la defensa de las cajas de los intendentes, de cara a un año electoral. Evitarían hacerse cargo de los subsidios a las empresas de servicios, que serían absorbidos por la Provincia a costa de un ajuste mayor, dejando a su vez la puerta abierta a nuevos tarifazos. Por otro lado, negociaron la libertad de aplicar impuestazos sin tope, sumándose así a los aumentos de Vidal en los impuesto que pagan las familias trabajadoras. A cambio de eso, aprobarán un ataque en regla contra los bonaerenses”, agregó.

En senadores, el legislador platense de Cambiemos Juan Pablo Allan, destacó: “El presupuesto refleja el enorme esfuerzo que está haciendo el gobierno de María Eugenia Vidal para mantener la inversión social, la obra pública, y absorber los subsidios al transporte y el agua”, y agregó: “Entendemos que los municipios no podrán absorber estos costos y que los bonaerenses ya están haciendo un gran esfuerzo. Por eso decidimos en conjunto que los asuma la Provincia”.

Además de los anteriores tres proyectos, la Legislatura convirtió en ley la prórroga, por un año, de la Emergencia en Seguridad con el objetivo de “optimizar los recursos humanos, tecnológicos y materiales, así como la adecuada prestación del servicio en cada área, a fin de garantizar las mejores acciones preventivas, operativas y resocializadoras”.