A pocos días de asumir Mauricio Macri la presidencia de la Nación, en diciembre de 2015, dio luz verde al incremento de tarifas en los servicios públicos, una política que mantuvo a capa y espada hasta finales de este 2019, pese al fuerte rechazo de la sociedad.

Desde el primer momento, los exorbitantes aumentos en las facturas de luz, agua y gas movilizaron en distintas partes de la Provincia a numerosas organizaciones multisectoriales que se opusieron al “tarifazo”, mediante acciones judiciales o con protestas.

General Rodríguez, donde gobierna el intendente de Cambiemos Darío Kugar, no fue la excepción: el 13 de julio de 2016, un grupo de vecinos y empresarios pymes, nucleados en una multisectorial, marcharon hacia el municipio para quejarse por los impagables tarifazos.

Durante la protesta se produjeron incidentes en el Palacio Municipal, y resultaron golpeados el Jefe Comunal Kugar y algunos funcionarios; entre ellos, Agustín David González Klajnberg, Subsecretario de la Juventud de esa comuna.

Desde el oficialismo acusaron por instigación y amenazas a los concejales del Frente para la Victoria Reynaldo Alberto Torres y Mauro Santiago García, que fueron condenados en octubre pasado a dos años y medio de prisión en suspenso.

Info BLANCO SOBRE NEGRO dialogó con Torres, que consideró que el intendente Kugar los está persiguiendo política y judicialmente porque el año pasado le ganaron la elección legislativa: “En el 2017, General Rodríguez fue el único municipio gobernado por Cambiemos donde ganó el peronismo. Por ello, se explica la persecución del intendente Kugar a sus principales opositores políticos”.

Una condena con reminiscencias de persecución política

Minutos después de conocida la sentencia del Juzgado Correccional N°2 de Mercedes, los diputados de Unidad Ciudadana presentaron en la legislatura bonaerense un proyecto de declaración, donde consideraron que la decisión judicial era arbitraria, y que estaba “dictada en un contexto de persecución política, destrucción de la imagen pública e inhabilitación de adversarios políticos”.

En la misma senda se expresó el Concejo Deliberante de Lomas de Zamora, el que aprobó la Comunicación 775/18, donde aclara cómo se sucedieron los hechos del 13 de julio de 2016: “Cuando todo transitaba por los carriles normales, el intendente rodeado de un grupo de funcionarios inexplicablemente se hizo presente en la marcha y comenzó a agraviar a los centenares de manifestantes con improperios, gestos y acusaciones políticas”.

En los fundamentos, los concejales de Lomas de Zamora detallaron que la jueza Teresa Bomaggio tomó testimonios a funcionarios públicos que responden a Kugar, para condenar a los concejales Torres y García.

“El intendente aprovechó estos sucesos para señalar, sin prueba alguna, a Mauro García y a Reinaldo Torres como instigadores de los hechos de violencia, señalándolos, además, como organizadores de la movilización. Los materiales fílmicos y fotográficos que fueron surgiendo con posterioridad a los hechos fueron derribando una por una las falacias sustentadas por los funcionarios del gobierno municipal”, dice un comunicado elaborado por el Frente para la Victoria de General Rodríguez, luego de conocida la resolución judicial.

El proceso judicial

El proyecto de Comunicación aprobado por el Cuerpo Legislativo de Lomas de Zamora, también, fue enviado a la Legislatura bonaerense, con el propósito de denunciar la persecución política y judicial contra los ediles de General Rodríguez.

El concejal Reynaldo Torres, que trabaja en la firma láctea La Serenísima de General Rodríguez, además, habló con Info BLANCO SOBRE NEGRO sobre la situación judicial de él y su colega: “Nuestros abogados ya tuvieron la primera audiencia de apelación. El dictamen se conocerá después de la Feria Judicial”.

El Juzgado Correccional N°2 de Mercedes condenó a los ediles del Frente para la Victoria por considerarlos responsables de amenazas, lesiones leves y de instigación a cometer delitos, al considerar que ambos fueron los que organizaron la movilización de julio de 2016.

“Nosotros seguiremos con nuestras responsabilidades en el Concejo Deliberante hasta que finalice el mandato; en mi caso en el 2019, y en el de mi compañero en 2021. Si la condena sigue firme, recurriremos a otra instancia de apelación”, concluyó Torres.