En diálogo con info BLANCO SOBRE NEGRO, la presidenta de la FULP, Carla Giles, señaló: “Este recorte ya se preveía en el presupuesto que se aprobó el año pasado. No sólo se congela el monto de la beca sino que hay miles de irregularidades para poder inscribirse”

Y alertó: “Está cada vez más complicada la permanencia en la universidad y se empieza a notar. Entre los inscriptos se ven cada vez menos compañeros del interior y son muchos más los que intentan acceder a becas o algún tipo de ayuda”.

En ese marco, el próximo viernes 15 de febrero la FULP realizará un “ruidazo” en 7 y 50 por el Progresar y el boleto educativo. En un comunicado, el gremio estudiantil expresó: “El congelamiento del presupuesto del PROGRESAR es de hecho un recorte brutal al programa si se tiene en cuenta que en el año 2018 tuvimos una inflación que superó el 47%. El gobierno recorta el programa que le permite a miles de jóvenes de bajos recursos seguir estudiando”.

“En 2018 este programa de inclusión educativa fue “relanzado” por el presidente en lo que significó un nuevo recorte educativo. El PROGRESAR dejó de ser entendido como un derecho para todo/a joven entre 18 y 24 años que estudie, para convertirse en una beca educativa que premia el mérito. En 2017 y 2018 los aumentos del monto fueron mínimos y muy por debajo de la inflación. Si a esto le agregamos que para el 2019 se anuncia el congelamiento del monto, el programa pierde sustancialmente el alcance que tuvo hasta 2015”, criticaron desde la Federación.

Y agregaron: “Con los recortes y los cambios adoptados por el gobierno, pretenden convertirla en una beca selectiva para unos/as pocos/as. Terminando definitivamente con el objetivo con el que nació PROGRESAR, de igualar las posibilidades de ingreso, permanencia y egreso a la educación formal. Cuando se pone el énfasis de los programas educativos en el esfuerzo y los resultados académicos más que en la permanencia y persistencia, se fomenta el logro individual en lugar de la inclusión y el objetivo social”.

La FULP detalló que el año 2017 el programa pasó de tener más de un millón de beneficiarios a tan solo 560 mil. En 2016 este programa tenía un presupuesto de 8.900 millones, en 2017 se redujo a 5.500 millones y en 2018 tuvo 9.900 millones.

“Detrás de estas decisiones existe una idea muy clara del gobierno de Cambiemos sobre quienes “deben” acceder a la educación universitaria particularmente”, criticaron y agregaron: “Niegan la posibilidad de las mayorías populares de acceder a la Universidad Pública, porque en definitiva quieren que la educación de calidad sea para unos/as pocos/as y que el Estado deje de estar presente en la vida de los y las jóvenes que queremos estudiar”.