En un documento conjunto, la coordinadora “Asambleas y Colectivos de los Pueblos Fumigados de la Provincia de Buenos Aires” expresó su “seria preocupación por la ofensiva que el Estado provincial está llevando adelante, a través de la espuria e inconstitucional Resolución 246/18”.

Los ambientalistas señalaron que la nueva normativa establece que sean consideradas “áreas de amortiguamiento” donde están habilitadas las aplicaciones terrestres con agrotóxicos los lotes contiguos al área urbana, zona residencial extraurbana, área de población dispersa, márgenes de cursos o cuerpos de agua, zonas de bombeo, establecimientos educativos, áreas de esparcimiento y reservas naturales comprenderán la zona de amortiguamiento.

“Sólo en el caso de viviendas familiares que se encuentren en un área urbana o zona residencial extraurbana deberá preverse la presencia del profesional interviniente que determine las previsiones a tener en cuenta al inicio y durante la aplicación. Con respecto a las escuelas rurales, establece que las aplicaciones con agrotóxicos (tanto áreas como terrestres) deberán realizarse fuera del horario escolar”, agregaron.

El documento elaborado por “Pueblos Fumigados” denuncia que esta resolución firmada por el ministro ex Monsanto Leonardo Sarquis “defiende los intereses económicos del agronegocio sin considerar los riesgos que implican para la salud, el ambiente y la biodiversidad la aplicación de agrotóxicos y semillas modificadas genéticamente”.

Además, denuncian que la resolución “distorsiona el concepto de zona de amortiguación” ya que permite”la misma las aplicaciones terrestres con cualquier clase de agrotóxicos en todos los casos y respecto de las escuelas rurales, inclusive las aplicaciones aéreas”.

“Por un lado, retrocede respecto de las ordenanzas logradas a través de la lucha de muchos pueblos fumigados, que han prohibido las aplicaciones aéreas y avanzado en restricciones con un criterio de protección más realista en cuanto a las aplicaciones terrestres, predominando una distancia de resguardo de 1 km de los centros poblados y en algunos casos las escuelas rurales (la cual aún es insuficiente). Por el otro, desconoce el principio de universalidad jurídica, según el cual debe homogeneizarse la legislación vigente adoptando el mejor criterio de protección alcanzado ya sea en otra jurisdicción o en el poder judicial a través de las sentencias”, criticaron.

Las organizaciones aseguran que la nueva normativa “se basa en la mentira, sin sustento científico ni fáctico, de las buenas prácticas agrícolas”, y aseguran que “hay investigaciones que muestran que la deriva es incontrolable, por lo que la fumigación siempre genera riesgos en la salud”.

“La resolución 246/18 busca tirar al tacho las ordenanzas alcanzadas con debates y mucha organización popular. Inclusive se buscan invisibilizar las luchas que han conseguido el fomento de la agroecología en sus territorios, como en Marcos Paz, Ramallo y Arrecifes”, señalaron.

Sobre los riesgos para las escuelas rurales, consideraron que “no poseen ningún tipo de protección legal en relación a uso de agrotóxicos en sus adyacencias, ya sea por aplicaciones aéreas o terrestres. Por lo que surge claramente que los niños, niñas y adolescente más el personal docente y no docente que a ellas concurren, se encuentran absolutamente desprotegidos en cuanto a las aplicaciones de agrotóxicos”.

Por otra parte, alertaron: “Hay decenas de trabajos de investigación científica tanto a nivel local (muchos de ellos de universidades públicas) como internacional que muestran como los agrotóxicos terminan en los cursos de agua, afectando y contaminado a los componentes biológicos que los habitan”.