El episodio ocurrió este martes a las 19.30 horas. Carlos Santiago Cortez circulaba junto a Micaela Marcela Martino en una motocicleta marca “Honda” por calle 52, camino al domicilio familiar. En la esquina de calle 135 observaron que unas cuadras había un operativo y decidieron seguir caminando, con la moto en andas, porque no llevaban casco.

Al llegar a la intersección de 136, los agentes que estaban a una cuadra abordaron a los jóvenes para obligarlos a pasar por el operativo. En un primer momento se negó pero luego Cortez accedió a mostrar la documentación del vehículo que compró en forma totalmente legal.

Luego se llevó una gran sorpresa. La policía aseguró que la moto tenía pedido de captura y trasladaron al joven junto a la moto al Destacamento La Unión, ubicado en calle 137 entre 524 y 525, donde todavía permanece detenido.

En el destacamento, Cortez se anotició de que la moto había sido denunciada como robada por el propietario anterior, que luego la pudo recuperar y años después la vendió en forma legal: el vehículo no tenía pedido de captura.

Además, en la causa que le armaron al joven, los efectivos de la Policía que intervinieron en el operativo inventaron que el detenido los había atropellado, algo imposible si se tiene en cuenta que Cortez iba empujando la moto con el motor apagado.

Alertados sobre esta situación, abogados de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional llamaron al destacamento. La policía aseguró que al “masculino” se le imputaban delitos de “resistencia a la autoridad, encubrimiento y lesiones”. El organismo de Derechos Humanos presentó un habeas corpus para solicitar la inmediata liberación del joven.

“La fábula policial relatada vía telefónica y la negatoria a brindar información pública a organismos de derechos humanos que siguió en la horas siguientes, únicamente agravan la ilegal aprehensión de Carlos Santiago”, expresaron desde la Campaña.