Desde hace seis meses, una nueva responsabilidad jurídica amenaza las endebles y golpeadas finanzas municipales: la obligación, que antes correspondía a las compañías concesionarias de peajes, de proveer los servicios de grúas, extinción de incendio y emergencias sanitarias en las rutas nacionales concesionadas.

La nueva situación, que eleva las ganancias de las empresas concesionarias en desmedro de las erogaciones municipales, es producto de los nuevos contratos de Participación Pública Privada (PPP) que rigen en seis Corredores Viales Nacionales.

A comienzos del año pasado, el Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines (SUTPA) denunció esta situación contractual que enflaquece las arcas municipales y engorda a las concesionarias, favorecidas, además, por los aumentos de los peajes.

Hace pocos días Sergio Julián Sánchez y Marcos Cortes, secretario General y del Interior, respectivamente, del SUTPA se reunieron con el Defensor del Pueblo de la Provincia, Guido Lorenzino, para solicitarle a la Defensoría que intervenga en favor de los municipios.

El Jefe Comunal de Cañuelas, Gustavo Arrieta, fue uno de los intendentes más enojados con los nuevos convenios “para la construcción y administración de los corredores viales” que comenzaron a regir desde octubre pasado. “Debemos atender nuevas obligaciones sin nuevos recursos”, se quejan los intendentes.

La transferencia de costos que antes abonaban las concesionarias obligó a los Jefes Comunales a recortar partidas o bien a sacar dinero que estaba presupuestado para otros proyectos; por ello, varios mandamases bonaerenses apoyan el peregrinar de los responsables del SUTPA ante los directivos de Vialidad Nacional, la Defensoría del Pueblo y los empresarios concesionarios.

“Menos bomberos, policías y ambulancias en los pueblos”

En los volantes que distribuyó el SUTPA – sindicato creado en 2006, luego de la separación de la Unión Empleados de la Construcción y Afines de la República Argentina (UECARA)- denuncian que el Estado Nacional anunció la construcción de “Rutas Seguras” en el mismo instante que quitó la obligatoriedad de la Seguridad Vial a las empresas concesionarias.

“Resulta difícil entender cómo los intendentes son cómplices de esta maniobra cuando tendrán que destinar móviles y efectivos que dejarán de patrullar sus municipios sólo para beneficiar a las empresas privadas”, decía una solicitada del SUTPA publicada meses atrás bajo el título: “Rutas más inseguras”.

El Defensor del Pueblo también se sumó a las críticas de los intendentes y de los representantes de los trabajadores de peajes por los nuevos convenios “PPP”. Más precisamente, desde el organismo se enviaron notas a los municipios afectados y se denunció la decisión del Poder Ejecutivo Nacional: “Muestra la decisión del Gobierno de no proteger a la gente, y si garantizarles los negocios a las empresas”.

Por su parte, desde el SUTPA declararon que esta realidad perjudica a los municipios y a los usuarios de las rutas: “Menos policías, bomberos y ambulancias en los pueblos y más impuestos para los vecinos y el municipio”.

La nueva disposición, que comenzó a regir desde octubre pasado, alcanza a los corredores viales: A (Rutas Nacionales 3 y 226); B (Ruta Nacional N°5); C(Ruta Nacional N°7); E(Rutas Nacionales 193 y 9); 2 (Ruta Nacional N°188); 8(Ruta Nacional 8); 18 (Ruta Nacional N°12); y SUR (Rutas Nacionales 3 y 205).