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Para garantizar "fabulosas ganancias"

Según CONADUV las audiencias públicas son "un simple formalismo y un desagradable show"

"El permanente aumento de las tarifas de peaje que se registra año tras año, en forma arbitraria e insensata, sumado al incremento del precio de los combustibles, demuestra claramente que quienes gobiernan a nivel nacional como provincial, solo se ocupan de defender los intereses de las empresas concesionarias y petroleras, favoreciéndolas con fabulosas ganancias a costa del brutal esfuerzo de los usuarios viales y de toda la sociedad en su conjunto", aseguraron desde el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) .

por Blanco Negro

21/04/2019

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Ricardo Lasca, del Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos (CADIA) y del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) sostuvo: “Ha quedado claramente demostrado y confirmado, que las Audiencias Públicas, de carácter no vinculantes, llevadas a cabo en la Ciudad de La Plata los días 19 y 20 de marzo pasado, han sido un simple formalismo y un desagradable show montado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, transformándose en una verdadera burla y falta de respeto, hacia los usuarios viales directos e indirectos".

“En definitiva, sin tener en cuenta los reclamos y propuestas que planteamos como usuarios viales, se terminó aplicando el actual esquema tarifario propuesto por AUBASA para favorecer solo el interés particular de la empresa concesionaria, pisoteando y vulnerando nuevamente los derechos de los usuarios viales, y sin considerar la defensa del bien común”, agregó Lasca.

En un balance tras el tarifazo en los pejes bonaerenses de 33 por ciento, CONADUV aclaró que “más del 85 % del transporte de cargas y pasajeros se realiza a través de la red vial, motivo por el cual, el constante y descontrolado aumento del precio de los combustibles y del peaje, genera una gran conmoción en la economía nacional e impacta fuertemente en la inflación que tanto se dice querer combatir”.

Por la fuerte suba en los peajes, la entidad que agrupa a usuarios viales señaló que “lo único que se logra es seguir aumentando el costo de transporte, ocasionando serios perjuicios sociales y económicos a los usuarios viales a las localidades servidas por los corredores en cuestión, y a toda la sociedad en su conjunto”.

Sobre el aumento en el Sistema Vial Integrado del Atlántico, CONADUV aseguró: “El sistema de peaje directo con cabinas de boro en ruta que rige es un claro impuesto al tránsito, claramente inconstitucional, antieconómico, injusto e inviable”.

Respecto a la Autopista Buenos Aires – La Plata la entidad señaló que “es el único Acceso a la Capital Federal que no cuenta con colectoras libres de pago, a diferencia de lo que ocurre con los Accesos Norte, Oeste y Ricchieri-Ezeiza-Cañuelas”.

Ante este nuevo y ascendente cuadro tarifario, el CONADUV rechazó “el cambio del reglamento de explotación propuesto por AUBASA en cuanto a no realizar el quiebre de barreras cuando hay congestión de tránsito, lo cual implica pisotear y vulnerar otro derecho básico de los usuarios viales”. Y agregó: "A esto hay que sumar, como en otros corredores viales, otra norma que implica una multa grave de tránsito para aquellos usuarios que se niegan a pagar el ‘falso peaje o impuesto al tránsito’”.

Además, CONADUV cuestionó “la indebida potestad que tiene la Empresa AUBASA para contar con casillas auxiliares móviles de cobro de peaje para los usuarios que utilizan caminos rurales, comunales, provinciales, huellas o senderos, como alternativa para no pagar”.

Incluso rechazó que la existencia de AUBASA (Autopistas de Buenos Aires S. A.) como empresa concesionaria: “Es burocrática e innecesaria y por su situación indebida como una Dirección de Vialidad paralela, teniendo que soportarse el tremendo costo de la misma sin necesidad alguna”, afirmó.

Por último, señalaron que a pesar del tiempo trascurrido con dichas concesiones a las que calificaron de “verdadera estafa vial”, nunca se consideró la existencia de algún marco regulatorio.

Vale aclarar que el CONADUV califica a las tarifas del “falso peaje” o “impuesto al tránsito que se cobra en los corredores viales en cuestión”, como de “exacciones ilegales, lesivas al interés general, carentes de causa jurídica, de niveles desproporcionados con relación al servicio, contrarios al interés general, y de beneficios abusivos para AUBASA”.


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