“Al vencerse la Ley, unos 4 mil trabajadores y trabajadoras quedan sin resguardo y caerán en la incertidumbre de si siguen o no trabajando, ya que sus tareas estaban enmarcadas en la Emergencia”, advirtió el secretario general de ATE y la CTA Autónoma bonaerense, Oscar de Isasi.

Y agregó: “Debemos estar en estado de alerta y movilización, ya que este gobierno ha demostrado que no le tiembla la mano a la hora de los despidos y muy probablemente deje sin trabajo a los contratados”.

Entre los organismos con mayor cantidad de contratos autónomos se encuentran la Dirección General de Cultura y Educación con aproximadamente unos 800 trabajadores, el Ministerio de Infraestructura con 520 trabajadores, la Jefatura de Gabinete con 470 trabajadores y el IOMA con 360 trabajadores.

ATE envió una carta a la gobernadora en la que denuncia que la Ley de Emergencia Administrativa y Tecnológica fue una “herramienta para profundizar el ajuste en la provincia, posibilitando negocios con el sector privado sin mayores controles en detrimento de las áreas sociales”.

“En este sentido, exigimos que una vez vencida la vigencia de la Ley no se vuelva a aplicar una herramienta de desguace del Estado y también que se inicie el pase a planta permanente de todos los contratados”, expresó de Isasi.

“Amparados en esta nefasta Ley han contratado trabajadores sin derechos que pueden ser despedidos luego del 26 de mayo. Bajo esta modalidad están contratados los trabajadores de la ex UEP, tan desatendidos por la gobernadora”, señaló el dirigente gremial.

Y demandó: “Ratificamos una vez más la necesidad de que se cambie el rumbo en la política salarial llamando a paritarias, se garantice la estabilidad laboral pasando a planta permanente a los precarizados y se optimicen las condiciones de trabajo dignas de todos y todas”.