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Conflicto en la Superintendencia de Servicios Sociales

La Provincia niega derechos laborales y prohíbe sindicalizarse a empleados administrativos

En total son casi 700 trabajadores que prestan servicio para la Superintendencia de Servicios Sociales que funciona como un coseguro para los agentes de la Policía Bonaerense. Se trata de personal civil que no se rige por el estatuto de los empleados públicos, y sí por la Ley de Contrato Laboral como en el sector privado. Un grupo de trabajadores decidió afiliarse a UTEDyC pero las autoridades de la repartición lo impidieron. Ese avasallamiento de derechos está reconocido en forma expresa en un reglamento interno.

por Blanco Negro

21/06/2019

Superintendencia1

Este jueves, UTEDyC La Plata realizó una protesta en la sede de la Superintendencia de Servicios Sociales ubicada en calle 6 y 48 en reclamo de que se respete el derecho a participación gremial de los trabajadores administrativos de ese ente que funciona como un coseguro de los agentes de la Policía Bonaerense.

En diálogo con Info BLANCO SOBRE NEGRO, el secretario General de UTEDYC, Fernando Argüelles, explicó: “La Superintendencia funciona como un ente descentralizado del Estado. Los que trabajan no son policías, son administrativos que no tienen la relación laboral como de los empleados públicos, sino que se aplica la Ley de Contrato de Trabajo, como en el ámbito privado”.

Y agregó: “Aportan a la ANSES, si los despiden los indemnizar y rige la ley de contrato de trabajo que en uno de sus primeros párrafos establece que no es aplicable al empleo público. La institución tiene hoteles en Córdoba cuyos trabajadores si están bajo convenio de UTEDyC pero no quieren que se sindicalicen los trabajadores administrativos”.

En total, la Superintendencia de Servicios Sociales cuenta con 680 trabajadores, de los cuales 300 están en La Plata. Su misión es “promover el bienestar general del personal policial en actividad, en retiro, jubilado y/o pensionado, y de sus familiares a cargo”.

Esta negación de los derechos laborales está reconocida oficialmente en el reglamento interno del ente, que en uno de los artículos prohíbe en forma expresa “participar de cualquier forma en actividades políticas o gremiales o en reuniones en su lugar de trabajo, o fuera de él, que comprometan la dignidad e imagen de la Superintendencia de Servicios Sociales”

“Actualmente no tienen ninguna protección gremial. A todas luces esto es inconstitucional y un escándalo”, denunció Argüelles. La Superintendencia, dirigida por Fabián Cañete, depende del Ministerio de Seguridad, a cargo de Cristian Ritondo.

“Tenemos más de 30 trabajadores que se afiliaron a nuestro sindicato pero se niegan a reconocer la afiliación y no les quieren aplicar el descuento sindical”, concluyó el dirigente gremial.



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