Mónica Mego tiene 36 años y es peruana. Padece HIV y en marzo último denunció que sufrió torturas y malos tratos en la Unidad Penitenciaria 22 de Olmos. Tras ser confinada a una celda de aislamiento se agravó su problema renal, sufrió una hinchazón en sus piernas que no fue atendida a tiempo y ocasionó que ahora esté paralítica y sin control de esfínteres.

Ahora, la Suprema Corte publicó una resolución en la que ordenó que se investigue la denuncia por torturas y se le garantice a la trans "un trato digno y no discriminatorio especialmente en lo referente a su estado de salud”.

El máximo tribunal provincial dispuso que se le dé asistencia diaria por parte del personal de enfermería, se le provea la medicación necesaria para la tuberculosis y el virus HIV que padece, se inicie tratamiento de rehabilitación y fisiatría, y tratamiento psicológico; además de proveerle una cama ortopédica.

La Corte ordenó que se abstengan de trasladar de un penal a otro a la mujer, que finalmente fue alojada en el hospital San Juan de Dios de La Plata.

Mónica estuvo 6 meses reclamando atención médica por un dolor que empezó en la espalda y se fue intensificando. En el último tiempo ya no podía caminar sin ayuda. Primero en la Alcaidía Pettinato de La Plata y después en la Unidad Penitenciaria 32 de Florencio Varela, desde sanidad sólo le daban ibuprofeno y paracetamol.

Cuando fue derivada al Hospital San Martín ya era tarde. Fue operada de un absceso epidural en la médula por tuberculosis y quedó parapléjica. La Comisión Provincial por la Memoria pidió medidas especiales de asistencia, atención médica y psicológica. Meses después, la Corte le dio la razón.

El Comité contra la Tortura de la CPM la entrevistó durante su internación en el hospital San Martín de La Plata, después de la operación por una infección en la médula por tuberculosis. Los médicos dijeron que el estado irreversible de su salud podría haberse evitado si se trataba a tiempo, pero el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) tardó seis meses en atender el pedido de atención médica de la detenida.

Tortura y trato inhumano

Mónica fue detenida hace un año. Primero estuvo alojada en la Alcaidía Pettinato y desde febrero en la Unidad Penitenciaria 32. En octubre, dos meses después de su detención, comenzó a sufrir dolores persistentes en la espalda y fue derivada para un examen urológico en la Unidad Hospitalaria 22, que no permitió arribar a ningún diagnóstico. Los dolores se fueron intensificando cada vez más, acompañados por fiebre nocturna y escalofríos. Con el tiempo comenzó a notar también dificultades para caminar, al punto que necesitaba de sus compañeras para movilizarse.

En enero, cuando aún seguía en la Alcaidía, ella mismo detectó una gran protuberancia en su columna; una vez más, no recibió ninguna asistencia. En febrero fue trasladada a la Unidad Penitenciaria 32 y allí su estado de salud se agravó. Gritaba y lloraba de dolor pero el Servicio Penitenciario le negaba cualquier gestión para atenderse extramuros. En Sanidad sólo le daban ibuprofeno y paracetamol que para ese entonces ni siquiera servían como calmantes.

A mediados de marzo, a raíz de la desidia del SPB, Mónica junto a otras detenidas que se solidarizaron iniciaron una huelga de hambre a modo de protesta, reclamando que se garantizara la derivación hacia un hospital extramuros. En respuesta a ese pedido, el 18 de marzo la trasladaron al sector de sanidad de la Unidad 23.

En el marco de ese traslado, sufrió maltrato y discriminación en razón de su género; los agentes varones del SPB que intervinieron le decían que les daba asco tocarla y pretendían que ella misma subiera a la silla de ruedas, algo que ya le resultaba imposible hacer. En sanidad de la Unidad 23 sólo fue examinada superficialmente por una trabajadora de salud.

Recién después de seis meses de dolores, y cuando el estado de salud ya era de extrema gravedad, el SPB realizó la primera gestión para la atención extramuro. Se tramitaron turnos en el área de urología y traumatología del hospital Mi Pueblo de Florencio Varela. El 20 de marzo, Mónica debía ser atendida pero por la demora de los agentes penitenciarios encargados de llevarla al Hospital perdió el turno.

Cuando volvió a la UP 32 fue alojada en buzones, permaneció sola en una celda, durmiendo en el piso sin colchón. Un día después fue reubicada en el pabellón 11. A esa altura, Mónica ya prácticamente no podía desplazarse, había perdido sensibilidad en gran parte de su cuerpo y tenía serias lesiones, especialmente en las piernas, por los maltratos recibidos. Ese mismo día tuvo que ser trasladada a la Unidad Hospitalaria 22 donde le realizaron placas radiográficas. Luego de los estudios fue derivada al hospital San Martín donde, finalmente, fue intervenida quirúrgicamente.

Durante el tiempo de internación, Mónica estuvo con custodia penitenciaria las 24 horas y esposada de pie y mano a la cama. “La sujeción con esposas en pacientes con afecciones de salud constituye una práctica de tortura, violatoria de la dignidad humana, pero además en este caso resulta ilógico e irracional, un acto intolerable que expresa la desidia o voluntad de los agentes penitenciarios por degradar la condición humana”, señalaron desde el organismo oficial de Derechos Humanos.