Guido Carlotto es, desde el año 2012, Secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.

En un área de gestión necesariamente ligada a todas las secretarías de la Provincia, Carlotto busca ampliar los DD.HH. para que lleguen a todos: subsidios a quienes sufrieron el terrorismo de Estado, acompañamiento a las víctimas de violencia de género e intervenciones judiciales en casos de gatillo fácil. El objetivo: reivindicar una vez más el papel y la fuerza de los Derechos Humanos, la inclusión y la justicia social, y la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos.

En el despacho de Carlotto flamean tres banderas: la argentina en el centro, la de Buenos Aires a la derecha, y la wiphala a la izquierda. Parece como si el Consejo Indígena de Buenos Aires (CIBA) se hubiese filtrado en el despacho con esa bandera y una infinidad de cuadros y pinturas.

Es que “Kibo” (como le dicen) a pesar de ser de la “generación intermedia”, tiene una larga militancia. “Mirando mi despacho, te das cuenta de cómo soy”, explicó.

Se destacan, junto a una foto de Perón, un gato chino de la fortuna con la pata siempre en movimiento, innumerable cantidad de libros en una vitrina y diplomas en la pared; una foto suya con Cristina, otra con Néstor y con Scioli. La Estrella Federal, en el medio de la escena.

¿En qué tareas y cómo coordinan con las Municipalidades?

Nosotros firmamos dos convenios que tienen mucho que ver entre sí. El primero es un marco general donde el gobierno de la Provincia, a través de la Secretaría, y el Intendente de cada municipio se comprometen a colaborar mutuamente en la difusión, en el ejercicio y en todo lo que tenga que ver con las políticas de derechos humanos.

Por ejemplo en las políticas de Memoria Verdad y Justicia, con el tema de los derechos humanos violados en la última dictadura militar, con las señalizaciones, con la difusión. Por otro lado, todas las demás políticas que toca la Secretaría como “Asuntos indígenas”, que es responsabilidad nuestra, hasta el tema de la promoción y protección de todos los derechos humanos, a los ciudadanos comunes.

Nosotros también defendemos que no se vulneren por parte del Estado los derechos de los detenidos, que son 20.000 en la Provincia aproximadamente. El tema de la policía, de los casos de gatillo fácil, de la violencia institucional, el tema de los menores en los institutos, que si bien no depende de nosotros, coordinamos con el Área.

El gobernador Scioli nos ha pedido que Derechos Humanos, aparte de ser una estructura que realice su política, atraviese transversalmente a todos los sectores, absolutamente a todos. Y en ese sentido estamos coordinando mucho con Salud, con Desarrollo Social, con Infraestructura y Vivienda, con el Consejo de la Mujer y con todos los Ministerios: con Justicia, con Seguridad.

Carlotto reconoce que el tema de Derechos Humanos está presente en todos lados. Desde la Secretaría, abarcan la promoción y protección de los DDHH, luchan contra la discriminación y abogan por los nuevos derechos que se han incorporado en la Argentina, desde el matrimonio igualitario hasta la igualdad de género.

“No solo estamos de acuerdo con eso, si no que vamos un poco más allá: hemos nombrado a la primera funcionaria trans de la Provincia, que está en Mar del Plata y maneja toda esa zona de la Costa que es dificilísima”, reconoce.

¿De qué se trata el segundo convenio?

El segundo convenio que nosotros firmamos es de idea y gestión propia, y tiene que ver con un tema muy candente y muy actual que es el de la violencia de género. Por este convenio asistimos incluso con un pequeño fondo rotatorio al Consejo que se forma en cada Distrito para abordar esta temática y capacitamos y difundimos nuestro 0800, que es donde se reciben todas las denuncias y se empieza a abordar el tema. No es el mismo número que el de la policía: mediante el 0800 nos comunicamos con la Policía y con el Poder Judicial y a partir de allí articulamos todo.

Esos son los dos Convenios que nosotros estamos firmado, que tienen que ver con que la Política de Derechos Humanos deje de ser una política pura y exclusivamente de aquellos que padecieron la violación de los derechos humanos en su familia.

Las políticas de derechos humanos tuvieron una serie de zancadillas terribles en la Argentina hasta prácticamente el año 2003, en que reconoce el Estado Argentino, a través de Néstor Kirchner, que el Estado propio había violado los derechos humanos y que por lo tanto se iba a hacer una política de reconocimiento, de autocrítica y de reparación. En ese sentido, a partir de ese momento y hasta ahora, se viene avanzando a pasos agigantados.

¿Qué es el Consejo Indígena de Buenos Aires y en qué situación está la comunidad indígena en la Provincia?

Por Ley existe el Consejo Indígena de Buenos Aires, del cual el Secretario de Derechos Humanos es el Presidente, luego hay un Director, un Director ejecutivo, etcétera. Cuando yo asumí eso estaba en la Justicia, en la Suprema Corte: había un problema legal porque algunos supuestos representantes de comunidades querían manejar ellos esa parte sin la intervención del Estado. Después de asumir, nosotros nombramos un Director de Asuntos y empezamos a recorrer toda la Provincia, viendo las realidades y pensando cómo podíamos regularizar la situación directamente con las comunidades. Después, cada uno eligió su dirigente, su cacique o lo que corresponda, para que los represente en el CIBA.

Lo que marca la ley es que se reconozcan aquellas tribus que tienen comunidad, que son numerosas y que están asentadas en determinado lugar y que trabajan de determinada forma. En ese sentido, llegamos a la conclusión de que existían cuatro comunidades de hermanos que estaban en condiciones de integrar el CIBA y estaban en condiciones de empezar a trabajar. Eran la comunidad Mapuche, la Toba, la Guaraní y la Quechua. Convocamos, hicimos asambleas, y se pudieron normalizar las cuatro comunidades. Lo importante es la preservación de la lengua, de las tradiciones, del respeto, y trabajar con el tema de las tierras que es un tema gravísimo.

Ahora estamos a punto de concretar la primera cesión del Estado Argentino a través del Estado de la Provincia de Buenos Aires a una comunidad Toba acá en La Plata.

¿De qué se trata la Editorial Me.Ve.Ju de la Secretaría y qué publican?

Surgió porque en un momento publicábamos tantas cosas (a veces testimonios o libros escritos de compañeros, no solamente sobre los desaparecidos sino de distintas realidades), que nos pareció prudente hacer una Editorial propia para que la Secretaría no tenga que andar con tantas vueltas para imprimir un libro. Hemos publicado dos libros hasta ahora: “Guaycurú, Tierra Rebelde”, que tiene que ver con las masacres en el Chaco, y otro libro que tiene que ver con las complicidades civiles de la dictadura militar.

Ahora va a salir el segundo cuadernillo, y con la UNLP también hemos editado un libro que se llama “Los imprescindibles”… tenemos en cola montones de libros para imprimir, pero el presupuesto lo tenemos que ir administrando. Nos pareció bueno, no para la gestión mía si no para las que queden, tener una propia Editorial para que puedan hacer sus propios libros, que tengan libertad, eso nos da mucha agilidad.

¿Cómo funciona la Dirección Provincial de Políticas reparatorias?

Nosotros tenemos 3 leyes en vigencia: una es la del Plan Cóndor, otra es el Plan CONINTE (la hizo Frondizi), y la otra es la Ley 14.042. Esta última está dirigida a aquellas personas que estuvieron secuestradas, detenidas, presas o demoradas desde Noviembre del 75 (Declaración del estado de sitio) hasta diciembre del 83. Todas esas personas tienen derecho a esta Pensión reparatoria, ya entregamos 4.000 y nos quedan alrededor de 1.200 más para entregar.

A veces la Ley exige determinado tipo de documentación y es difícil conseguirla; no para la gente que estuvo presa sino para la gente que estuvo secuestrada. Buscamos testimonios de otros que hayan dicho que lo vio y eso sería suficiente… así y todo, la Justicia después nos pide cosas que nos complican un poco, pero con buena voluntad, con trabajo y con paciencia las vamos sacando. Esas son las 3 Pensiones reparatorias que nosotros estamos manejando.

¿Cómo ves el escenario actual dentro del peronismo bonaerense y en La Plata?

A mi criterio y por lo que veo, el candidato natural de cara al 2015 es Daniel Scioli, sin lugar a dudas.

Hay otros compañeros, algunos no son de Buenos Aires como es el caso del Gobernador de Entre Ríos y bueno, para eso están las PASO, se definirá en las internas quién es. Nosotros, al menos desde el punto de vista pura y estrictamente de Derechos Humanos, podemos decir que el Gobernador Scioli, con esta política y con este Ministerio, ha tenido una actitud totalmente abierta y hoy Buenos Aires está prácticamente a la vanguardia de todas las políticas de derechos humanos en toda la Argentina.

Acá en La Plata mi posición ha sido clara: yo enfrenté al actual intendente en el año 2011 porque no estaba de acuerdo con las políticas, no solamente del Partido Justicialista de la Plata (que no funciona desde hace tiempo) sino con las políticas hacia el pueblo de la ciudad de La Plata.

La política de la construcción indiscriminada, la política del maquillaje, la política de no cambiar las cosas en profundidad. Digamos que después se vieron las consecuencias. Ahora se va a cumplir un año de la peor inundación de la historia de la ciudad de La Plata y si bien es verdad que llovió mucho, no podemos echarle solamente la culpa a un factor climático.

Tuvo que ver la falta de planificación, la modificación entre gallos y medias noches del Código de Ordenamiento Urbano, el negocio inmobiliario de querer construir y prácticamente destruir el Patrimonio histórico de la Ciudad para hacer edificios, etcétera.

Si en el 2007 te fuiste de La Plata y volviste en el 2014, 7 años después, hasta te cuesta encontrar tu barrio. Yo no digo que no haya que dejar paso a la densidad creciente poblacional, pero hay que hacerlo de una forma ordenada, no a la que te criaste, porque las consecuencias después son 60 muertos, todo inundado y la psicosis que se produce en todos los vecinos de La Plata después de media hora de lluvia. Yo creo que el costo electoral lo han pagado: han sacado alrededor del 31 por ciento junto con listas de colectora, pero ningún costo electoral revive los 60 muertos ni va a subsanar el terrible desastre que sucedió en la ciudad de La Plata.

¿Cambió la relación a nivel interno desde que se desdobló el Ministerio de Justicia y Seguridad y Granados pasó a ser Ministro?

Yo creo que le sacamos al Ministro Casal (Justicia, previamente Justicia y Seguridad) un gran peso de encima, porque manejar esas dos cosas era muy difícil. Hacía falta desdoblar eso.

A nosotros el desdoblamiento nos ayuda porque podemos tocar con el Ministro pura y exclusivamente el tema policial, casos de gatillo fácil, represiones, apremios ilegales, violencia por parte del Estado a través de la policía. Ya lo veníamos hablando y manejando bastante bien con Casal, y ahora con él manejamos el tema de la Justicia. Precisamente en estos días tenemos una reunión para empezar a resolver algunas cosas que tienen que ver con el Poder Judicial, porque nos encontramos con bastantes inconvenientes.

Acá hemos reformado los gobiernos, hemos reformado los partidos políticos antes de las PASO, sus cartas orgánicas, hemos reformado la forma del Estado respecto del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, pero del Poder Judicial no podemos hacer nada, es increíble. Esa es la reforma que hace falta.

Pensando en una Reforma Judicial, no a nivel macro pero en cuestiones muy puntuales, ¿crees que se debería modificar que la Justicia utilice solamente pruebas de la policía en casos que tienen que ver justamente con el gatillo fácil?

Lo que pasa es que si yo soy acusado de cometer un delito y la persona que aporta las pruebas es mi mamá, es muy posible que ella sea muy tendenciosa. Nosotros aportamos cosas desde otro lugar, siempre estamos con los familiares, con las víctimas. Yo creo que sí, que a la Justicia hay que reformarla toda. La Justicia tiene que dejar de ser una élite endiosada, desconocida, semi clandestina y que falla de acuerdo a lo que piensa ese día quien tiene la responsabilidad de ejecutarla. Eso hay que cambiarlo de una vez por todas, porque si no va a haber muchos problemas. Si no, pasa lo que pasa, ¿quiénes están presos en la provincia de Buenos Aires? Los pobres. ¿Cuántos presos hay por el caso Belsunce, cuántos presos hay por el caso Dalmaso? Los que están presos son los pobres, pero la Justicia tiene que ser para todos y en igualdad. Para eso hace falta una reforma como la que venimos discutiendo y que nos está llevando tanto trabajo. Pero lo vamos a hacer, si no es en el mandato de Cristina será en el del Presidente que venga, pero vamos a seguir insistiendo en eso.

Nosotros estamos trabajando muchísimo aquí en la Secretaría de Derechos Humanos para que los mismos sean política de Estado, para que los Derechos Humanos lleguen a todos, y sacarle la idea a la gente de que los Derechos Humanos tienen que ver pura y exclusivamente con los desaparecidos y con centros clandestinos de detención, o con los que fuimos víctimas directos a través de un familiar o de la persecución o de la cárcel. Derechos Humanos es mucho más amplio, y tiene que ver con el funcionamiento de la sociedad y de la democracia. Derechos Humanos hoy es inclusión social, y nosotros tenemos que trabajar para eso: para la inclusión social de la que hablaba Néstor, de la justicia social que milita el peronismo: igualdad de oportunidades para todos los habitantes.

Por Mariana Sidoti
@MarianaSidoti