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Ante la Suprema Corte bonaerense

La Facultad de Derecho acompañó un reclamo para que la Justicia ordene medidas en favor de la niñez

El 25 de julio de 2008 un grupo de niñas, niños y jóvenes en situación de calle (que vivían en la Plaza San Martín) fueron reprimidos violentamente por un grupo de personas vestidas como civiles y como policías. La brutal agresión dejó al descubierto la inexistencia del Sistema de Promoción y Protección de Derechos del Niño. El miércoles pasado (20 noviembre) se cumplieron 30 años desde que la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño.

por Blanco Negro

22/11/2019

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Con aquel punto de partida como base nació el Programa “Niñez, Derechos Humanos y Políticas Públicas” de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

Tras la agresión propinada aquella noche en La Plata, el proyecto se planteó como una experiencia territorial colectiva de denuncia y exigibilidad al Estado del cumplimiento de sus obligaciones respecto a la niñez y sus familias.

En octubre de 2008, luego de aquellos episodios de violencia, madres de niños y niñas en situación de calle -junto a organizaciones no gubernamentales, y con el acompañamiento legal del Programa de Niñez, iniciaron una acción de amparo contra la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de La Plata.

Exigen la implementación del Sistema de Promoción y Protección de los Derechos del Niño. La sentencia de primera instancia – que hizo lugar a la demanda- fue dictada el 22 de mayo de 2012. La Cámara en lo Contencioso Administrativo de La Plata dictó su sentencia el 7 de agosto de 2012.

Sin embargo, desde el 31 de mayo de 2013, hace ya más de 6 años, la causa se encuentra “cajoneada” en la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires , sin que hasta ahora haya definiciones sobre el caso. Por so, el 6 de junio de este año desde la Facultad se presentó un “pronto despacho” ante ese Tribunal.

A 30 años de la sanción de la Convención sobre los Derechos del Niño, desde el Programa “Niñez, Derechos Humanos y Políticas Públicas” recordaron que “la Suprema Corte de Justicia de la Provincia puede y debe intervenir para que cese la vejación de millones de niños, niñas y jóvenes; e inaugurar un proceso que conduzca a saldar la terrible deuda que tiene el Estado y la sociedad frente a ellos, abriendo nuevos caminos que permitan construir una comunidad respetuosa de los derechos de los niños, niñas y jóvenes”.


LOS HECHOS

Estefanía Velo escribió para el sitio web Pulso Noticias una crónica de aquel feroz ataque. La compartimos para precisar el origen del Pronto Despacho que fue presentado ante la Corte:



La denominada “banda de la frazada” estaba constituida por un grupo de niños y niñas de entre 8 y 18 años que se encontraban en situación de calle y transitaban todos los días por el centro de la ciudad. Principalmente, la zona de la Plaza San Martín. Tenían varios recovecos donde se amontonaban y pasaban el frío entre todos, entre ellos el antiguo local de Blockbuster ubicado en 47 casi diagonal 74 y el hall de la ex Facultad de Humanidades de la UNLP, de donde fueron corridos hasta instalarse por completo en la glorieta de la plaza.

Cada vecino, estudiante, anciano o joven que caminaba por la zona podía observar a estos niños correteando por la plaza, fumando o hasta jalando con una bolsita, pero quién hizo algo por ellos, quién se acercaba para conocer quiénes eran, de dónde venían, por qué estaban durmiendo en la calle con temperaturas muy bajas. Por el contrario, muchas personas los empezaron a señalar, los diarios les daban espacios en sus tapas poniéndolos como “pibes chorros” o “menores delincuentes”, la Policía los perseguía constantemente hasta que el 25 de julio de 2008, con un manto de oscuridad en la glorieta, un grupo parapolicial comenzó a darles cadenazos y les apuntó con sus armas para echarlos de ese lugar.

A poquísimos metros tenía su oficina el gobernador de la Provincia de aquel momento, Daniel Scioli. Sin embargo, parece que nunca los vio. Pasaron meses y meses viviendo en situación de calle –se calcula que en ese año eran 600 chicos los que se encontraban en situación de calle en la ciudad de La Plata -, todos provenían de los barrios de la periferia de la ciudad. Se encontraban en el centro, y allí se hicieron amigos. Amigos que se cuidaban y se protegían. Amigos que compartían travesuras también.

Johana Ramallo, Omar Cigarán, “El Chino”, Mauricio Andrada, Solcito, José Acosta, Pedrito, “Bebu” y “Sege” son sólo algunos de los nombres y sobrenombres de los adolescentes que fueron estigmatizados y criminalizados por la sociedad, las instituciones y los medios de comunicación. Hoy, muchos de ellos ya no están – tal es el caso de Omar y Mauricio, que fueron víctimas del gatillo fácil- o no se saben dónde está – como pasa con la joven que está desaparecida desde hace un año en nuestra ciudad -.

Para soportar el frío, habían acovachado sus colchones y frazadas en la glorieta. Ese lugar para ellos era su casa. Según contó “El Chino”, una sola vez se le dio a uno de los jóvenes tirarle una frazada a una persona que pasó caminando por el lugar y robarle el celular. A partir de ese momento fueron tildados como “la banda de la frazada”.

“Ellos tenían infancia, capaz que ellos lo hacían para llamar la atención para que alguien los vea, travesuras de niños. Omar y Johana tenían 13 o 14 años y jugaban a la escondida en la plaza, se subían a los arboles, era su infancia y tenían sueños”, expresó a Pulso Noticias Marta Ramallo, la mamá de Johana. Y resaltó: “Si la gente no los hubiese juzgado tanto a los pibes y los hubiese ayudado podrían haber salido de muchas cosas”.

A partir de la represión sufrida, un grupo de activistas y militantes por los derechos de la niñez comenzaron a reunirse en la glorieta para denunciar la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban esos jóvenes, exigiendo, a su vez, políticas públicas concretas para abordarlos. Hicieron durante varios años una olla popular en la glorieta, donde repartían comida a todas las personas que estaban en situación de calle.

Al mismo tiempo, desde la Asociación Miguel Bru, las organizaciones y activistas presentaron un amparo colectivo para resguardar de manera inmediata a los jóvenes. Pasaron los años y ellos seguían en la calle, en hogares o entraban y salían del único Centro de Atención Transitoria que había. En mayo de 2012, el juez en lo Administrativo y Contencioso Luis Arias dictó sentencia a favor de la niñez. Aquel fue un año cargado de luchas y movilizaciones en el que se exigía la plena implementación de la Ley 13.298 de Promoción y Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescente de la Provincia de Buenos Aires, ya que esos jóvenes se encontraban en situación de riesgo e incluso de riesgo de muerte.

“El problema en ese entonces era que el Estado en sus diversas formas no garantizaba la Promoción y Protección de sus derechos, tal cual lo establece la normativa internacional, nacional y provincial. Presentamos un amparo para denunciar al Gobierno provincial y municipal – a cargo de Pablo Bruera- por los 600 chicos que pasaban sus días en situación de calle en aquel entonces, y pese a las medidas ordenadas por el juez Arias, apelaron, apelaron y volvieron a apelar poniendo las energías en ello y no en resolver la situación de estos chicos y sus familias”, contó a Pulso Noticias una de las activistas que estuvo desde el primer día junto a los pibes, Lucía Belaunzarán, también trabajadora social.

Durante esos años los presupuestos en seguridad aumentaban, estaba clara la decisión de persecución, palos y encierros para los “jóvenes pobres” que además “ensuciaban” el centro de la ciudad.

El fallo de Arias obligó a la Provincia y al Municipio local a crear programas específicos para niños, niñas y adolescentes, paradores nocturnos, aumentar la cantidad de trabajadores destinados a ese sector para mejorar los vínculos de esos niños con sus familias, hospitales especializados en salud mental, mayor inversión en centros de rehabilitación integral, etc. “Aún aguardamos una sentencia firme de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, donde se encuentra el expediente estancado”, indicó Belaunzarán.

En ese sentido, la trabajadora social con anclaje en el sector de niñez manifestó que “el problema hasta aquí no han sido solo sus situaciones, porque diez años después las instituciones de niñez continúan funcionando mal, diez años después los servicios locales funcionan con su personal precarizado, sin herramientas y sin políticas sociales para restituir derechos, los servicios zonales siguen trabajando en condiciones similares pero desde hace dos años además, la Provincia comenzó a vaciar programas destinados a abordar problemáticas específicas y entonces no sólo nada ha mejorado, sino que todo empeora”.

Un 25 de julio de 2018 recordamos a esos jóvenes que hoy ya no están, y sus familiares exigen justicia, a esos jóvenes que tienen extensas condenas en algún pabellón del país, a esos jóvenes que siguen limpiando vidrios de los autos y te dan una estampita para hacerse unas monedas al día. La mayoría de los pibes hoy tienen alrededor de 20 años, dos décadas atravesadas por diversas problemáticas: desocupación de sus padres, problemas con el consumo, señalamientos negativos, palos y golpes; aunque son pocas las veces que reciben una mirada y un abrazo. Así fueron creciendo, así el Estado se encargó de sostener a este sector social al margen, vaciando los programas sociales y llenando cada vez más las calles de fuerzas represivas.




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