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En las unidades bonaerenses

Advierten que en las cárceles se agravó la falta de alimentos y que crecen las protestas entre los presos

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) viene denunciando en forma reiterada ante la justicia la falta de alimentos en las cárceles bonaerenses. Informes judiciales y de distintos organismos advierten que en los últimos meses se agravó la situación alimentaria en las unidades del Servicio Penitenciario. En varias, los internos comenzaron huelgas de hambre y otras medidas de protestas colectivas. La CPM pidió urgente intervención a las Naciones Unidas.

por Blanco Negro

06/12/2019

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“Las licitaciones no se cumplen por falta de pago, el hambre crece y el correlato directo son las graves afectaciones a la salud por una alimentación escasa, mala y desequilibrada. En varias unidades penitenciarias, los detenidos comenzaron huelgas de hambre”, alertó la CPM.

El organismo elevó ayer un informe urgente al Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas (SPT) para denunciar esta grave situación y solicitó su urgente intervención.

La CPM alertó que en varias unidades penitenciarias se han iniciado “reclamos colectivos y huelgas de hambre” solicitando provisión de comida, asistencia médica y la resolución judicial de pedidos de medidas alternativas. “Al menos algunos pabellones de las unidades 1, 6, 21, 23, 31, 35, 36 y 51 desarrollaban hoy distintas estrategias para visibilizar los petitorios”, detallaron.

El juzgado de ejecución de La Plata también intimó a las autoridades provinciales y penitenciarias a aprovisionar de alimentos las cárceles bajo la advertencia de sancionar económica y penalmente el incumplimiento de la resolución.

En la mayoría de las inspecciones a cárceles realizadas durante el 2019, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) constató que las personas privadas de la libertad “padecen hambre”. El organismo alertó que en los últimos meses “se agravó la falta o carencia completa de alimentos en los depósitos de las unidades penitenciarias”.

“La comida que hay es poca y de mala calidad. El resto no llega: en cada una de las cárceles inspeccionadas por la CPM confirmaron que, dentro de las licitaciones contratadas, hay faltante de alimentos que deberían ser provistos de acuerdo a ese contrato. Las empresas alegan falta de pago por parte de la Provincia”.

La CPM le envió un informe al ministro de justicia Gustavo Ferrari para que explique las razones del desabastecimiento y “tome las medidas necesarias para proveer de manera urgente los alimentos previstos en las licitaciones contratadas”.

“Hay cárceles en donde alimentos indispensables faltan desde hace meses; es muy habitual la ausencia de frutas y verduras A y B por largos periodos. La carne y pollo, que debería proveerse todas las semanas, llega pocas veces. En algunas unidades penitenciarias, no hay queso desde hace un año. Leche, huevos, aceite o yerba pueden faltar por meses”, detallaron.

“En función de la mala calidad, los detenidos intentan reelaborar estas comidas que le llegan a los pabellones y celda, lavándolas y recocinándolas. Esas nuevas comidas llamadas “rancho” y lo que proveen sus familiares configuran en esencia la alimentación de las personas detenidas. Pero esto nunca está asegurado debido a la escasez de recursos económicos y/o la imposibilidad de concurrir a las visitas por parte de las familias”, advirtieron.

En un habeas corpus, la Defensoría General de Azul señaló que en una inspección a la UP 30 de Alvear constató una grave situación de desabastecimiento. Un detenido contó que en las últimas 72 horas sólo había comido “dos panes por día”. La defensoría señaló que todas las personas entrevistadas dijeron “tener hambre”.

El juez de ejecución José Villafañe también confirmó que esta situación se replica en el departamento judicial de La Plata. En octubre constató la “carencia, insuficiencia o bien la discontinuación en la provisión” de alimentos. La advertencia del juez no tuvo ninguna respuesta del Estado.

En una resolución de hoy, Villafañe ordenó a las autoridades del Ministerio de Justicia y el Servicio Penitenciario Bonaerense a adoptar “medidas inmediatas para el aprovisionamiento indispensable de alimentos”, bajo la advertencia de imponer sanciones económicas y de denunciar penalmente el incumplimiento de la resolución.


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