El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, afirmó durante el acto de adhesión al protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE) : “Con las herramientas legales que den certeza a los equipos de salud, la gente podrá empezar a perder temores y participar del acceso a este derecho de forma rutinaria”.

También destacó la necesidad de “preservar a la mujer porque lo peor de esto es que a veces los casos terminan mediatizados” y remarcó que “el Estado debe dar respuestas”.

El protocolo, una guía de los casos en que se puede interrumpir legalmente un embarazo por tratarse de un riesgo físico y psicológico para la salud, había sido publicado en el Boletín el Oficial el 22 de noviembre el año pasado con la firma del ex secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, y al día siguiente fue vetado

Durante el acto, Gollán manifestó que “las artífices de que hoy esto pueda hacerse realidad son las mujeres”, recordó que “estar debatiendo esto que debería ser normal, porque ya está regido como legal, es tedioso” y aseveró que “con las herramientas legales que den certeza a los equipos de salud, mucha gente podrá empezar a perder temores y participar del acceso a este derecho de forma rutinaria”.

Luego, la ministra Díaz explicó que “la guía legisla sobre el procedimiento sanitario para atender las excepciones de aborto que contempla el Código Penal en su artículo 86 inciso 1 y 2, una legislación de 1921”.

“No estamos innovando, sino que establece qué procedimiento hay cuando el aborto conlleva un problema para la salud o la vida de la mujer o en los casos de una violación”, agregó.

“La provincia tiene un protocolo desde 2007, lo reformó en 2012 pero era restrictivo y colocaba requisitos y obstáculos que no establece la ley. Esta guía es precisa, actualizada, toma indicaciones de la OMS y busca acceder a un derecho a la salud legal”, añadió Estela Díaz.

También aclaró que los profesionales de la salud pueden hacer uso del derecho de la objeción de conciencia pero de modo “individual” ya que “las instituciones de salud pública deben garantizar el acceso a las interrupciones legales del embarazo”.

Además, la funcionaria dijo que “para la salud pública es muy costoso cuando se llegan a interrupciones del embarazo en el circuito clandestino e inseguro” y destacó que, en cambio, “la práctica de interrupción del embarazo en el primer trimestre de gestación es sencilla, puede ser ambulatoria, es medicamentosa”.