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El ex funcionario fue elevado a juicio oral

Caso Uscamayta Curi: “Piqué está arrastrando la marca y el pago de la coima no fue investigado”

El Tribunal de Casación Penal bonaerense revocó el sobreseimiento del ex secretario de Seguridad de La Plata, Daniel Piqué, por lo que deberá ir a juicio oral y público. Está imputado por "incumplimiento de los deberes de funcionario público" por la muerte de Emilia Uscamayta Curi durante una fiesta clandestina realizada en una casa quinta en Melchor Romero el 1 de enero de 2016. El abogado de la familia de la joven asegura que hay una maniobra para “garantizar la impunidad” y que nunca se investigó el pago de una coima que involucraría a otros funcionarios.

por Blanco Negro

20/02/2020

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La Sala IV del Tribunal revocó el fallo de la Cámara de Apelaciones de La Plata que había sobreseído al ex comisario Piqué por la muerte de la joven ocurrida durante una fiesta clandestina el 1 de enero de 2016.
Tras una presentación de los representantes de la familia de la víctima, Casación revocó el sobreseimiento y ordenó que continúe la investigación sobre el ex funcionario. En la causa elevada a juicio oral y público para el 2022 además están imputados los empresarios Carlos Bellone, Raúl García, Santiago Piedrabuena y Gastón Haramboure.

En diálogo con Info BLANCO SOBRE NEGRO, Adrian Rodriguez, abogado de la familia Uscamayta Curi, explicó: “A Piqué se lo acusa de haber dado la orden de retirarse al personal policial que se había apostado en la quinta de Avenida 520 entre 159 y 160 donde se desarrolló la fiesta ilegal. El 31 de diciembre había personal policial controlando el lugar pero a las 22 horas recibieron la orden de un superior para que se fueran. Fue ahí que empezaron a ingresar todos los elementos que faltaban para la fiesta”.

“En su momento la investigación apuntó contra Piqué como el responsable de esa orden. Luego se lo sobreseyó pero ahora Casación determinó que no hay certeza negativa y resolvió que todos estos elementos se deben discernir en un juicio oral y público”, detalló.

Sin embargo, el abogado advierte que en el proceder judicial “hay una gran trampa” ya que la investigación de los funcionarios fue dividida entre “Piqué y el resto”. El letrado aseguró que se trata de una “maniobra para garantizar la impunidad” y apuntó contra la fiscal Ana Medina.

“Hay otra causa que involucra a otros funcionarios. Acá hay una gran trampa que se originó en la división de la causa. Si sólo acusan a Piqué y luego lo absuelven por falta de pruebas el resto de los funcionarios que en un futuro sean llevados a juicio podrán decir que Piqué fue el responsable pero ya no se podrá hacer un nuevo juicio porque estará resguardado por la garantía que impide la persecución penal múltiple por un mismo hecho”, advirtió Rodríguez.

“El hecho de que la causa se haya dividido entre Piqué y el resto genera una impunidad general. Eso sucedió cuando la fiscal Ana Medina pidió elevar a juicio sólo a este funcionario. Esto fue una anomalía que fomenta la impunidad”, remarcó el abogado.

En las declaraciones de los efectivos policiales y los agentes municipales que permanecían controlando que no se violara la clausura del evento en la casa quinta de Melchor Romero por falta habilitación surge que se trató de una “orden que venía de arriba” y aparece como principal responsable el ex subsecretario de Gobierno municipal, Juan Manuel Garmendia.

En un chat, uno de los organizadores de la fiesta reconoce el pago de una coima de 20 mil pesos aunque luego dijo ante la justicia que le habían “hackeado” la cuenta. El propio Piqué negó haber sido el responsable de la orden de retirar los móviles y pidió que fueran convocados el titular de Control Urbano y el de la Policía Local. Sin embargo, Roberto Di Grazia y el subcomisario Sebastián Martínez Pass se negaron a declarar ateniéndose a la garantía constitucional que lo ampara.

“El pago de la coima que es otro delito directamente no está investigado. Hay muchas evidencias que indican que hubo corrupción estatal. La fiesta había sido clausurada, dispusieron la presencia de un patrullero pero luego lo retiraron y dejaron que el evento se desarrollara a pesar de no estar habilitado. Necesariamente se llega a la conclusión de que medió el pago de una coima, algo que además denunció el delegado comunal de Melchor Romero”, remarcó Adrián Rodríguez.

Y advirtió: “La causa en la que están involucrados el resto de los funcionarios no tuvo ningún avance, por eso vamos a hacer una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Hay una denegación de justicia porque no se investiga. La causa está abierta pero la fiscal Ana Medina no investiga”.

Sobre la división de la causa que debe investigar el rol de los funcionarios, el abogado señaló: “Cuando elevaron la causa de los empresarios de la noche a juicio por el delito de homicidio con dolo eventual también elevaron a juicio a Piqué. Esa decisión también la tomó Ana Medina. Que se haya divido la causa de los funcionarios hace imposible romper el pacto de silencio. Este funcionario está arrastrando la marca”.

A más de cuatro años de la muerte de la joven estudiante de Periodismo solo permanecen detenidos dos de los empresarios que organizaban la fiesta aunque en realidad están detenidos por otros delitos. Raúl García está alojado en Ezeiza por una causa de trata de personas y Gastón Haramboure permanece con prisión domiciliaria por el antecedente de un homicidio frente a un boliche en Berisso. “Por la causa de Emilia no hay nadie detenido, su muerte sigue impune”, concluyó el abogado de la familia.


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