“Como solicitaron (los gremios) priorizamos a los sectores de menores ingresos para mantener el poder adquisitivo de esos salarios y esa propuesta ha sido aceptada”, informó Pérez en conferencia de prensa, y detalló que “implica un desembolso de 19.000 millones de pesos, y alcanza a 30.000 auxiliares no profesionales de la salud, 60.000 no docentes, miles de empleados administrativos y trabajadores del agua y el gas”.

En este marco, el Jefe de Gabinete, acompañado por el ministro de Salud, Alejandro Collia, y el secretario General de la Gobernación, Martín Ferré, anunció que el Ejecutivo “girará en lo inmediato un proyecto de Ley para que se declare la educación como servicio público esencial”, e invocó nuevamente a la “reflexión de los docentes” y el regreso a las aulas.

“Tenemos que tener una Ley que armonice un derecho constitucional que es el derecho a huelga, pero un derecho que también tienen todos los ciudadanos, que es a aprender”, dijo el Jefe de Gabinete y explicó que “esta propuesta va a reformar la Ley de Negociaciones Colectivas Docentes sancionada en 2006, durante la gestión de Felipe Solá”.

La Ley sancionada en 2006 establece que la educación no puede ser considerada como servicio esencial y, por lo tanto, impide restringir el derecho a huelga.