El interno que murió el miércoles en la Unidad 23 de Florencio Varela fue identificado como Federico Rey de 30 años. En un comunicado, el SPB aseguró que el detenido había sido asesinado por otros presos durante una pelea entre dos grupos.

Sin embargo, el resultado de la autopsia coincidió con la versión de los presos que en el momento denunciaron que los agentes habían utilizado balas de plomo para reprimir. La muerte de Rey generó una segunda protesta aún más fuerte que la primera.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) intervino en el lugar y medió para evitar una nueva represión y garantizar la integridad física de los detenidos.

En la Unidad 42 del mismo complejo penitenciario, el pasado domingo se confirmó el primer caso de coronavirus en una persona detenida. La CPM relató que luego de se difundió entre los internos un audio atribuido a un médico de salud penitenciaria que aseguraba que muchos se iban a contagiar y a morir.

“Esto provocó el primer reclamo de dos detenidos alojados en el pabellón de máxima seguridad quienes, como protesta por la demora judicial en resolver su situación, se subieron al techo de un pabellón”, señaló la CPM.

Desde el organismo sostienen que los agentes penitenciarios no intentaron mantener un diálogo y directamente comenzaron a reprimir lo que motivó que otros detenidos se sumen a la protesta. En ese momento fue asesinado Federico Rey.

La muerte de este interno, agravó las protestas. Los detenidos tomaron los pabellones y subieron a los techos para denunciar lo que había pasado y reclamar que se aceleren las revisiones judiciales de las prisiones preventivas y el otorgamiento de prisión domiciliaria para grupos de riesgo, tal como lo estableció el fallo del juez de Casación, Víctor Violini.

En este contexto, cuatro pabellones de mediana seguridad fueron tomados por los detenidos y una gran cantidad de ellos se subió al techo exigiendo la presencia de autoridades judiciales.

La CPM realizó una presentación de un habeas corpus colectivo y al lugar concurrió el titular del Juzgado de Garantías Nº 8 de Florencio Varela. También llegaron funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense y el Jefe del SPB

Luego de largas horas de negociaciones y diálogo con las personas detenidas se realizó una audiencia judicial a la que concurrieron representantes de todos los pabellones para exponer las razones de la protesta. El Jefe del Servicio Penitenciario se comprometió a no reprimir ni trasladar a quienes reclamaban.

“La muerte de Federico, producto de disparos con balas de plomo en el marco de la violenta represión penitenciaria, muestra la continuidad de prácticas de la dictadura que persisten en la institución y exigen su reforma estructural, democratización y desmilitarización”, señalaron desde la CPM.

Y demandaron: “La brutalidad penitenciaria y el nulo respeto a la vida y los derechos de las personas detenidas demostrados en la gestión de los conflictos requieren la inmediata desafectación y exoneración de las autoridades de la Unidad, del Complejo Penitenciario y de quienes participaron del hecho”.

“Los agentes no sólo no intentaron resolver el conflicto de manera pacífica y dialogar con quienes se subieron al techo, sino que además dispararon con balas de plomo, práctica que está prohibida por los protocolos de uso de la fuerza”, denunció el organismo.

Y advirtió: “La protesta posterior, más grande aún, se resolvió de manera pacífica y preservando la vida de las personas detenidas, lo cual demuestra que es posible gestionar los conflictos desde el diálogo y el respeto de los derechos y garantías constitucionales”.

El Sistema Penitenciario Bonaerense contiene a más de 20 mil personas de las que el sistema puede soportar. La situación de hacinamiento es aún más extremo en el complejo de Florencio Varela donde la sobrepoblación llega al 200 por ciento.