La Subsecretaría para la Defensa de los Consumidores imputó a las empresas de envío a domicilio Rappi, Glovo y Pedidos Ya por “presuntas cláusulas abusivas en su contratación” y por “difundir información engañosa”.

La dependencia advirtió que cuando el consumidor accede a la app en sus términos y condiciones acepta contratar al trabajador del delivery, en lugar de que el vínculo sea con la empresa.

Info BLANCO SOBRE NEGRO dialogó con Lucas, repartidor de Rappi en La Plata y miembro de la Agrupación Trabajadores de Reparto (ATR), que aseguró: “Creo que esta resolución busca marcarle la cancha a las empresas en el marco del proyecto que presentó el Ministerio de Trabajo para regular la actividad”.

A fines de mayo, el gobierno nacional elevó al Congreso un proyecto de ley para regular el trabajo en las aplicaciones de reparto. Se trata de un estatuto especial que propone un piso de derechos que se encuentra un escalón por debajo del piso que garantiza la ley de Contrato de Trabajo. Contempla un régimen distintivo de remuneraciones, jornada laboral, licencias y vacaciones, accidentes e indemnizaciones, entre otras cuestiones.

“Discutir una regulación es algo positivo”, opinó el referente de ATR en La Plata que de todos modos advirtió: “En el colectivo de los trabajadores todavía hay un debate porque hay muchos que todavía consideran que tenemos que seguir como estamos y muchos otros creemos que deben cambiar las condiciones”.

Sobre la primera postura, Lucas mencionó: “Hay cuestiones que son entendibles. Si sale una regulación que ordena blanquear a todos los trabajadores seguramente las empresas van a incorporar sólo a una parte y el resto se van a quedar sin trabajo”.

“El otro argumento que es más discutible es que hay repartidores que trabajando unas 60 horas semanales pueden ganar unos 60 mil pesos o más. Si sale una regulación esas jornadas laborales se van a limitar y los salarios seguramente serían menores”, señaló el trabajador de Rappi y agregó: “Es cierto que se puede ganar un buen salario pero hay que dejar la vida arriba de la moto”.

En los últimos meses, los trabajadores de las distintas apps pudieron lograr una mayor organización. El próximo martes, en La Plata realizarán una asamblea frente a la sede del Ministerio de Trabajo con la intención de elegir voceros, algo que se está replicando a nivel nacional.

“Lo que nos une a todos los repartidores son los reclamos por aumentos, exigir elementos de higiene, que estemos cubiertos por una ART y un seguro de vida. El movimiento surgió con esas banderas y el desafío ahora es intentar es organizarnos más”, destacó Lucas.

Y añadió: “Otro tema fundamental es la inseguridad. Queremos que si nos roban el dinero la empresa lo reponga y también los teléfonos celulares. Otra cuestión central pasa por los bloqueos. A pesar de decir que no tienen un vínculo laboral con nosotros, si nos demoramos en llegar a un negocio la empresa de saca el pedido y te bloquea durante media hora. Si eso se repite te pueden bloquear todo un día. A un compañero lo bloquearon 14 días”.

Sobre la postura de ATR, Lucas señaló: “Nosotros pensamos que tiene que haber un convenio colectivo de trabajo y que exista la posibilidad de elegir seguir trabajando bajo la figura del monotributo. No nos parece bien que el proyecto del gobierno deje a la actividad por fuera de la Ley de Contrato de Trabajo, como sucede con las empleadas domésticas o los obreros de la construcción”.

La imputación de la Subsecretaría para la Defensa de los Consumidores

La dependencia nacional considera que estas tres empresas “en sus términos y condiciones, poseen cláusulas que resultarían abusivas ya que se deslindan de responsabilidades frente a las y los consumidores; asimismo, para acceder al servicio, se requiere que los clientes desistan de derechos que son irrenunciables y se encuentran garantizados constitucionalmente”.

“Cuando un consumidor adhiere a los términos y condiciones del servicio ofrecido por las firmas no puede prever que lo que está suscribiendo es un contrato con el trabajador de cadetería, ya que la información proporcionada no es suficientemente clara al respecto", explicaron desde la Subsecretaría.

En el caso de Glovo, advirtió que "además, en los términos y condiciones se identificaron cláusulas en las que el consumidor renuncia al derecho a revocación, también conocido como de arrepentimiento, en productos no perecederos”. Es decir, los consumidores no pueden devolver el producto si no están satisfechos con la compra.

Además, la empresa establece que cualquier reclamo y consigna deberá realizarse en los Tribunales de Barcelona o ante la Corte Española de Arbitraje de la Cámara de Comercio. Este tipo de cláusulas están prohibidas por la legislación nacional, ya que no se puede condicionar o limitar el acceso a la justicia al disponer una jurisdicción distinta al lugar del domicilio del consumidor.