“Estamos muy contentos, es el final de un proceso muy largo que lleva más de 12 años. En aquel momento era un horizonte difícil pero se logró. Esto fue el producto del apoyo de muchas organizaciones de todas las provincias”, remarcó Germán Schierff, de la Agencia Platense de Inquilinos (API), y adelantó: “Ahora se viene una nueva etapa, que es la implementación de esta nueva ley”.

Uno de los puntos centrales de la ley es que establece que de ahora en más los aumentos se regirán por un índice que se calculará en base a la inflación y el aumento promedio de los salarios. “En los últimos 10 años los alquileres siempre subieron por encima de la inflación a excepción del 2016, el 2018 y el 2019 que son los años de mayor inflación después del 91”, explicó.

“Estos años son totalmente extraordinarios. En casos así el gobierno puede tomar medidas de emergencia como la actual de congelamiento y suspensión de desalojos”, consideró el titular de API.

En cuanto al “alquiler social”, Shchierff expresó: “Todavía no hay muchos detalles sobre el tema pero la idea es empezar a pensar en políticas para los sectores más vulnerables que no pueden acceder a alquileres formales, como jubilados o mujeres en situación de violencia”.

Y amplió: “Esto puede significar la creación de programas especiales, subsidios, financiamiento y hasta que el Estado tenga viviendas para poner en el mercado de alquileres con ciertas facilidades”.

Con respecto a cómo se calcularán los honorarios de los martilleros y quién deberá hacerse cargo de su pago, explicó: “El tema de los honorarios no es abordado por esta ley, fue el punto que se eliminó luego de ser tratado en Diputados. El sector martillero no quería saber nada con este proyecto y finalmente negociaron que se sacara este punto”.

“Nosotros ya hablamos con el gobierno provincial porque habrá que reformar la Ley de Martilleros, que quedó vieja ante esta nueva normativa nacional. La normativa provincial establece honorarios de acuerdo al monto total del contrato pero ahora eso no se podrá calcular porque el índice de aumentos se aplicará en forma posterior. El riesgo es que ahora pueden llegar a cobrar hasta 3 meses de alquiler para firmar un contrato”, advirtió.

Y reforzó: “Hay una ley provincial con media sanción que está durmiendo en Diputados. La Legislatura bonaerense va a tener que crear una nueva ley también”.

Sobre los principales beneficios de esta ley para los inquilinos, el referente de API enumeró: “El índice oficial hará que por primera vez los aumentos no los dicte el mercado inmobiliario. Por el otro lado es importante la ampliación de los contratos a 3 años y otras herramientas pequeñas, pero muy útiles, que mejorarán el poder de negociación del inquilino”.

Entre ellas mencionó “la obligación de avisar precios y condiciones de renovación 3 meses antes de la finalización del contrato, y la rescisión de contratos gratuita si se hace con antelación. Si el propietario no hace un arreglo, el inquilino podrá notificarlo, hacer la reparación y luego descontarlo del alquiler”.

Sobre las expensas detalló: “Se especificó que el inquilino sólo debe abonar gastos continuos, mensuales y de uso. No le corresponderá gastos de mantenimiento por más que figure como expensas ordinarias”.