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Los detalles

La denuncia del ENARGAS contra Aranguren por un controvertido negocio suma adhesiones

Una denuncia penal de Federico Bernal, interventor del ENARGAS, contra el ex ministro Juan José Aranguren (por incumplimiento de los deberes de funcionario público), suma adhesiones políticas y de asociaciones de consumidores.

por Blanco Negro

05/07/2020

J

El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) presentó una denuncia penal contra Juan José Aranguren, ex Ministro de Energía y Minería que también involucra a otros ex funcionarios de la gestión de Mauricio Macri por cómo se establecieron los contratos para la provisión de gas.

La denuncia apunta contra el proceso de desregulación del precio de ese insumo fundamental para le producción y el consumo doméstico, que se aplicó en 2018, con una libre negociación entre las empresas productoras y distribuidoras , algo que debería haber sido rechazado por los funcionarios que estaban a cargo del organismo en ese momento, según el nuevo interventor de ese organismo, Federico Bernal.

Como la gestión de Cambiemos avaló esa medida y provocó el traslado de esos precios a las tarifas en abril de ese año, Bernal comenzó a echar luz sobre esas maniobras.

En ese marco, Progresistas , espacio político que nuclea a “integrantes de la izquierda democrática que provienen del GEN, el radicalismo, la Coalición Cívica, el Partido Social Patagónico de Fabiana Ríos (ex-gobernadora de Tierra del Fuego), del socialismo, junto a economistas, intelectuales y militantes sociales” (según aclararon) , dio a conocer un comunicado de prensa sobre la causa penal que involucra al ex CEO de Shell.

Ese sector respaldo la la denuncia penal que el interventor del ENARGAS presentó contra el ex Ministro de Energía por la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública.

En un comunicado Progresistas destacó que “la denuncia presentada por Federico Bernal expone la forma en que las empresas proveedoras de gas, con la complicidad de Aranguren, aumentaron artificialmente su precio en dólares, para luego reclamar una diferencia cambiaria por la devaluación del peso frente al dólar, y pedir un subsidio de $24.524.000, que debemos pagar todo los argentinos, aún aquellos que ni siquiera tienen el servicio de gas”.

“Asimismo, en el escrito se solicita la suspensión o derogación del Art. 7 del decreto 1053/18, que implicó que El Estado Nacional asuma el pago de las diferencias diarias acumuladas entre el valor del gas comprado por las prestadoras del servicio de distribución de gas natural por redes, y el valor del gas natural incluido en los cuadros tarifarios vigentes entre el abril de 2018 y marzo de 2019, generadas por variaciones del tipo de cambio y correspondientes a volúmenes de gas natural entregados en ese mismo período”, agregaron.

También mencionaron que “el Estado Nacional asumió la deuda privada de las empresas distribuidoras con las empresas productoras, y en lugar de cuestionar o rechazar el precio pactado en dólares, decidió hacerse cargo en el Presupuesto Nacional, lo que generó un perjuicio económico que asciende a 561 millones de dólares, de los cuales 393 millones obedecen al perjuicio contra el fisco, mientras que 168 millones contra los usuarios y las usuarias del servicio público de gas por redes”.

“Aranguren representa lo peor del modelo que encarnó el ex Presidente Mauricio Macri al ser el Ministro de Energía del neoliberalismo y de la Argentina que queremos dejar atrás. Apoyamos la denuncia porque estamos convencidos que existieron intereses particulares en desmedro de los argentinos y argentinas”, concluyó el espacio referenciados con el gobierno que asumió en diciembre del año pasado.



Por otra parte, las Asociaciones CONSUMIDORES RESPONSABLES y el CESPMA (Centro de Estudios por los Servicios Publicos y el Medio Ambiente) emitieron un comunicado en el cual manifestaron su total apoyo a la denuncia penal presentada por el Interventor del ENARGAS, contra el Ex Ministro Aranguren.

Además, se manifestaron a favor de de derogar o suspender el Art. 7° del Decreto 1053/18 que obliga al estado nacional a pagarle a las empresas para paliar los costos de las devaluaciones.


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