Dos semanas de detención y la quema de un colchón fueron suficientes para llevarse la vida de un joven de sólo 22 años. Acusan a la policía por no haber sofocado el incendio y dejarlo morir. Todo ocurrió en uno de los calabozos de la Estación de Policía de Seguridad de Chascomús.

Imagen: Infozona

La muerte de Raúl Dávila ocurrió en la tarde del viernes 10 de julio. Para sofocar el fuego que le dejó un 60 por ciento del cuerpo quemado y le costó la vida, la policía había resuelto movilizar a los Bomberos Voluntarios de Chascomús. Pero no se necesitaba tanto, según pudo verificarse tras las primeras actuaciones en torno al caso.

Un agente había sofocado las llamas tan sólo con un matafuegos mientras ardía un colchón en la celda en la que estaba preso Raúl y se propagaba el fuego, según las primeras declaraciones de los agentes de la bonaerense.

Las quemaduras fueron demasiado para el joven de 22 años y murió cuando era atendido en el Hospital San Vicente de Paul.

“La policía bonaerense y la justicia deberán responder ante esta nueva muerte evitable. Raúl fue detenido luego de una discusión con el padre de su novia. El hombre llamó a la policía y cuando los agentes se hicieron presentes detuvieron al joven bajo la excusa de resistencia a la autoridad. Hasta el jueves permanecía detenido, por un hecho menor por el cual el fiscal pedía 3 meses de prisión en suspenso para un juicio abreviado”, señaló la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) este sábado.

El organimso también cuestionó a la justicia porque “no sólo rechazó su excarcelación, sino que además dictó la prisión preventiva”.

Según los policías que estuvieron involucrados, esa fue la razón por la que Raúl había prendido fuego el colchón del calabozo donde permanecía detenido en señal de protesta.

“Este hecho alerta una vez más sobre la detención de personas en Comisarías por delitos leves y plazos extensos. En el caso de Raúl Dávila fueron más de 14 días cuando no se pueden superar las 48 horas. El Estado es responsable por continuar con una política que ha sido fuertemente cuestionada por los organismos internacionales de derechos humanos. Incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dictado medidas cautelares de protección sobre diversas comisarías bonaerenses. No obstante esto la situación no sólo no se modifica sino que se agrava”, señaló la CPM.

Hoy harán la autopsia (que estará a cargo del Ministerio Público de Lomas de Zamora) y la fiscalía tomará declaraciones al resto de los detenidos alojados en el lugar donde ocurrió la muerte.

En la causa interviene el Juzgado de garantía N 5 de Dolores a cargo de Christian Sebastián Gasquet y la UFID 10 a cargo de Jonatan Robert.

“La policía bonaerense aparece como la responsable principal”, concluyó la CPM en su sitio web.