“En un mundo cada vez más global y más desigual, abandonar el propio país y trasladarse a regiones con otras lenguas y otras costumbres, no es una decisión que estas personas toman deliberadamente y sin condicionamientos; por el contrario, responde a estrategias movilizadas por la urgencia de sobrevivir”, señalaron en un comunicado donde se analiza la situación de la comunidad senegalesa en la capital bonaerense.

“Tal como relata Cheikh Gueye, el sostenimiento de las familias de cada senegalés y senegalesa radicados aquí y en otras partes del mundo, dependen del dinero que sean capaces de ganar mediante un trabajo sin salario. Aun cuando comprendemos la legitimidad del reclamo y la preocupación de comerciantes platenses, que entienden este modo de vida como ‘competencia desleal’ y que en este contexto viven también situaciones de angustia e incertidumbre frente a la imposibilidad de trabajar, o al menos de hacerlo al nivel que sus economías requieren, entendemos necesario visibilizar diferencialmente los efectos que el Covid19 produce sobre esta población generando una mayor desprotección que en algunos casos les obstaculiza disponer de insumos básicos para su alimentación”, agregaron.

Según la Prosecretaría de Derechos Humanos y el Consejo Social de la UNLP, “esa desprotección se profundiza debido a las dificultades que estos grupos migrantes tienen en materia de documentación, que les impiden acceder a servicios y prestaciones esenciales para la subsistencia cotidiana, brindadas por el Estado en el marco de la pandemia”.

“A ello se suma la violencia institucional de la que habitualmente son objeto al ser ‘corridos’ del espacio público, y despojados de su mercadería incautada por agentes municipales a cargo del control urbano cuyo accionar no se condice con una política inclusiva y de respeto a los derechos y garantías constitucionales”, agregaron.

También indicaron que es fundamental “que el Estado arbitre los medios necesarios para garantizar a esta población, en el menor tiempo posible, el acceso a los programas y dispositivos asistenciales paliativos dispuestos en el marco de la emergencia”.

También expresaron su preocupación por “la persistencia de acciones desplegadas por agentes estatales, y especialmente municipales, que, frente a los conflictos suscitados en el espacio público, criminalizan la pobreza y naturalizan el trato violento, discriminatorio y no ajustado a derecho”.

Por último, afirmaron que “el Estado debe intervenir, en particular el Estado Municipal, desde un abordaje integral de la situación, mediante políticas y programas que aseguren condiciones dignas de vida para sus habitantes, contrarrestando la situación de desesperación que el hambre y la pobreza extrema producen en cientos de personas que no tienen alternativa en este contexto local, nacional y mundial”.