La iniciativa parlamentaria tiene como objeto que “se establezca, como recaudo a las obras sociales, mutuales o de medicina prepaga pertenecientes al Estado, que para poder percibir los aranceles correspondientes a las prestaciones de las personas con problemas de salud mental internadas, deberán justificar que realizaron la comunicación prevista en los art. 18, 21 y 22 de la mencionada Ley, en cuanto a la designación de un letrado defensor”.

De los fundamentos del proyecto del diputado Cocino, se desprende que “en muchos casos las personas internadas con problemas mentales son víctimas de maniobras de las mutuales; obras sociales como el IOMA, o prepagas estatales, las que se aprovechan de la indefensión del enfermo y demoran el alta, condenándolo a tratamientos a perpetuidad, para seguir cobrando los aranceles correspondientes a las prestaciones, con un claro perjuicio para las arcas provinciales y los enfermos”.

“En este camino se aúnan esfuerzos para que a través de esta medida se visibilicen las personas que están internadas sin acceso a la justicia, y asimismo mejorar también la capacidad estatal para alcanzar dicho propósito”, finalizó el legislador platense.