Los trabajadores, sus compañeros de trabajo, su gremio y amplios sectores piden que se cierre la causa, que tiene una clara finalidad política: con las detenciones ordenadas (cuando Ricardo Casal era encargado de la política de seguridad bonaerense), las protestas, masivas y persistentes, de los empleados de Educación cedieron en parte frente a la persecución judicial y política.

Incluso uno de los imputados, Marcelo Ardetti, milita en un espacio kirchnerista, pero el afán disciplinador del estado provincial aquella vez no distinguió banderas partidarias ni tuvo en cuenta la desproporción del accionar represivo. El video que acompaña esta nota da prueba de ello.

Los voceros judiciales precisaron que el dictamen fiscal recayó sobre los empleados Alejandro Sánchez Moreno, María Inés Uro, Silvia Valdez Abalos, Miguel Ciappina, Marcelo Ardetti, y Giselle Mendoza.

Según se informó, el juez de Garantías de La Plata que interviene en el caso, César Melazo, dio ayer traslado a los defensores de los imputados para que formularan sus descargos.

Ahora tiene que resolver si hace lugar o no al pedido fiscal para que los imputados sean sometidos a juicio oral y público.