Los propietarios tendrán 60 días hábiles desde el 28 de marzo, fecha en que se firmó el decreto, para poner a la venta sus inmuebles. La medida afecta a todos aquellos que llevan 20 o más años alquilando sus bienes. Los inquilinos tendrán prioridad para comprar, pero si no lo hacen, igual deberá ser vendido.

Para quienes no cumplan la medida, el decreto del Ministerio de Vivienda advierte que la multa inicial será de 2.000 Unidades Tributarias, equivalente a 40 mil dólares, que debe ser abonada en un lapso de cinco días.

La multa será doblada si no se paga en ese lapso y, si se mantiene la mora, la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda “solicitará el embargo ejecutivo correspondiente sobre el inmueble o inmuebles objeto de la multa”, según señala el decreto.

Roberto Orta, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), calificó la norma de “inconstitucional”. En declaraciones a con la prensa, dijo que se trata de una medida que “despoja de su propiedad” a dueños legítimos.

La norma, además, establece que el “precio justo” lo determinará la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Viviendas.

El ex presidente Hugo Chávez había lanzado en 2011 la Gran Misión Vivienda, un programa para hacer frente al déficit de inmuebles que sufre Venezuela y que, según cifras oficiales, afecta a 3,7 millones de jefes de familia carentes de hogar o con viviendas que requieren ser habilitadas.

El plan se apoya en la firma de diversos convenios con una decena de países, entre ellos, Rusia, China, Uruguay y Bielorrusia, y hasta mediados de 2013, el Gobierno informó de la entrega de 415.218 viviendas en todo el país.