La resolución del juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, Luis Federico Arias, hizo lugar a la presentación del colectivo de abogados CIAJ y dictó una medida cautelar que ordena “la inmediata prohibición de nuevos ingresos de cadáveres, óbitos y vísceras en la Morgue Policial ‘Roberto Ciafardo’ sita en calle 72 y 137 de la Ciudad de La Plata”. El accionar judicial tiene lugar como consecuencia del descubrimiento de irregularidades en el predio, durante una allanamiento realizada por la Gendarmería Nacional.

Durante el día de ayer, el ministro de Seguridad provincial, Alejandro Granados, dispuso la remoción del Superintendente de Policía Científica en Función Judicial, comisario Pablo Vásquez , quien era el máximo responsable de la morgue judicial al momento de la inundación y estaba denunciado por frenar la investigación sobre el número de víctimas fatales. Sin embargo, las autoridades desvincularon esta medida a las denuncias que pesa sobre la morgue platense y la adujeron a la división en 2 de la superintendencia de Zona Sur “que implicó también otros cambios dentro de la cúpula policial”.

El Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) había presentado el pasado 27 de marzo una acción de habeas data colectiva vinculada a la causa de la inundación en la que dictó sentencia el juez Arias. La solicitud buscaba que se ordene “la inmediata resolución de no innovar contra la morgue policial de La Plata, colocándose los precintos y las fajas de rigor hasta tanto se dicte sentencia definitiva”.

A inicios de marzo, la Gendarmería Nacional realizó un allanamiento de la morgue ordenado por el mismo Juez Arias en el marco de la investigación por el número real de víctimas de la inundación del pasado 2 de abril. Allí se encontraron cuerpos mal refrigerados, restos de animales entre cadáveres humanos y una cantidad excesiva de occisos dada la capacidad real del establecimiento. La intervención tuvo lugar luego de que se comprobase que en la morgue local se habían enterrado 2 cuerpos bajo un mismo nombre y número de documento.

La medida cautelar que dictó Arias esta mañana establece que en un plazo de 10 días hábiles se produzca un informe que detalle “toda la normativa y protocolos vigentes que regulen los procedimientos para el ingreso, rotulación, documentación, disposición, y entrega de cadáveres en las morgues policiales de la Provincia de Buenos Aires; los requisitos, especialmente los de índole sanitaria, así como el órgano con competencia para expedir dicha habilitación; constancia del o los actos administrativos mediante los cuales se habilitó el funcionamiento de la morgue policial de La Plata e indique si se han realizado controles sobre el aspecto sanitario y de gestión de cadáveres en la morgue policial de La Plata”.