El presidente de la Federación de Entidades del Combustible de la provincia de Buenos Aires, Luis Malchiodi, desestimó la tasa vial municipal que cobran algunos municipios sobre la venta de combustibles y GNC, ya que se trata de una medida “ilegal”. “Lo rechazamos porque es ilegítimo, y en segundo lugar porque provoca grandes problemas entre los municipios, los que lo cobran y los que no, y nosotros representamos a todos los estacioneros de la provincia”, dijo el dirigente a Télam.

Los intendentes de los municipios de Vicente López, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Pilar, Malvinas Argentinas, San Martín y Olavarría están cobrando entre 10 y 40 centavos más por litro, o metro cúbico de GNC, en concepto de “tasa vial municipal”.

En el caso del partido de Junín, un recurso de amparo suspendió su cobro, en tanto que en el municipio de Tigre la tasa cuenta con la aprobación de Concejo Deliberante, pero todavía no se lo aplica.

Malchiodi, en representación de los afiliados a FECOBA, solicitó a la Comisión Federal de Impuestos “que arbitre las medidas necesarias para que los impuestos coparticipables no se repitan”.

Recordó que las provincias y por ende los municipios están comprometidos a no gravar los productos, que ya tienen impuestos nacionales coparticipados, "de modo que esto que están haciendo algunos municipios es ilegítimo, ilegal.

Malchiodi sostiene que “el cuestionado tributo viola el régimen de Coparticipación Federal instituido por la Ley 23.548, y bajo la denominación con que se lo presenta (tasa) resulta objetable pues no se corresponde con una contraprestación”.

Advierte que los usuarios de combustibles líquidos y GNC pagarán ese tributo, y si los recursos que genere se aplican al mantenimiento de la red vial beneficiarán a toda la comunidad, y no sólo a consumidores de combustibles.

En ese sentido, agregó: “Además nos genera discriminación, problemas económicos y de logística, según la ubicación de cada estación de servicio, pues sobre todo los camiones, cuyos conductores saben qué partidos cobran ese tributo, eluden cargar en ellos”.

Insistió en que “hay una migración de compras de combustibles que genera pérdidas de ingresos para unos y problemas de logística para otros, en los que se concentra mayor cantidad de vehículos para cargar combustible”.

“Quieren obligar a los estacioneros a cobrar esa tasa, hacerse responsable del cobro y de girarlo a las comunas; eso implica más gastos y como contrapartida hay una reducción de ventas, por una medida que consideramos es ilegal”, concluyó Malchiodi.