El 3 de mayo de 2005, la Suprema Corte de Justicia de la Nación intimó a la provincia de Buenos Aires a que en un plazo de 60 días haga cesar el encierro de personas enfermas y menores en comisarías del territorio provincial. Fue luego de la presentación de un habeas corpus colectivo encabezado por el Centro de Estudios Legales y Sociales por la situación estructural de violación de derechos de las personas privadas de libertad, que instó a los distintos poderes provinciales a que readecuaran las políticas impulsadas durante esos años para adaptarlas a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos. Sin embargo, el domingo 19 de febrero de 2006.

Maximiliano Diaz Subils murió en un calabozo de la Comisaría 6ta de Tolosa, después de agonizar más de 14 horas. Sus compañeros de detención llegaron a romper a patadas las bisagras de las rejas de la zona de calabozos para exigir atención médica. Aún cuando fueron muchas las oportunidades de salvarle la vida, ni los policías ni los médicos tuvieron más respuesta que el desinterés, el destrato y las burlas permanentes, que muestran la desaprensión ética y moral que reina en la Provincia por la vida de las personas privadas de libertad.

Después de ocho años de litigio y un sinfín de dilaciones, la investigación fue asumida por el Fiscal Alejandro Marchet quien imputó y llamó a declarar a tres médicas por homicidio culposo y a un médico del hospital San Roque y tres efectivos de la Bonaerense por abandono de persona seguido de muerte, imputación que prevé penas de entre 5 y 15 años de reclusión o prisión.

Además un funcionario policial está imputado por falsificación ideológica y encubrimiento y otro por coacción agravada. Fabio Villarruel, abogado de la Asociación Miguel Bru, refirió que "es muy importante que la Fiscalía haya imputado tanto a los médicos como a los funcionario policiales, que es lo que veníamos reclamando, porque esta causa debe necesariamente desentrañarse en un debate oral”.

Previamente, cuatro Fiscales intentaron reducir el conflicto a un supuesto de mala praxis médica y hasta la Fiscalía General sostenía lo que para el abogado constituye un acto "absolutamente divorciado de la verdad y la justicia”. “Sin embargo, bien vale resaltar que los familiares de Maximiliano, jamás pretendieron venganza y se hicieron de la paciencia suficiente como para confiar en que la lucha que encarnaron daría resultados”- sentenció.

Por su parte, Rosa Schonfeld de Bru, presidenta de la entidad que patrocina la causa subrayó la esperanza en la justicia que le permite tener este movimiento en la investigación que “empezó siendo una papa caliente que paseó por Fiscalías, de culposo a doloso, y hasta se trató de deslindar sin ninguna explicación a los efectivos policiales de la Comisaría 6°”- recordó.

“En nombre de su familia y de todos nuestros hijos muertos por la policía, esperamos poder llegar a ver a la Justicia actuando ejemplarmente, para poder torcer el rumbo de esta historia de impunidad en los casos de violación a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad. Pero además esperamos que podamos discutir profundamente las responsabilidades médicas con las personas privadas de la libertad”- concluyó.

Morir como perro

El martes 14 de febrero de 2006, Maximiliano Díaz Subils, de 20 años, pidió- acompañado por sus compañeros de celda- que lo llevaran a un médico porque no podía respirar. Recién cuatro días después, el viernes por la mañana, lo llevaron al Hospital Gutiérrez. La médica de guardia le diagnosticó un problema muscular y le hizo tomar un derivado de la penicilina. De regreso a la comisaría tuvo un brote alérgico y fue trasladado nuevamente, esta vez al Hospital de Gonnet. Lo cierto es que lejos de ser un problema muscular, Maximiliano padecía una infección pulmonar y por si fuera poco era alérgico a la medicación que el recetaron.

Para el sábado 18 se sentía cada vez peor y pidió que lo vea un médico otra vez. Antes del mediodía lo llevaron a Gonnet y la médica le detectó por fin una neumonía y dio recomendaciones precisas con los recaudos que debían tomar los policías si presentaba determinada sintomatología. Además pidió que lo trasladen a una nueva consulta dentro de las 24 horas.

Cuando volvió al calabozo no pudo más que empeorar y después de mucho reclamar, los detenidos lograron que lo lleven de nuevo al hospital, donde el médico de guardia se negó a recibirlo con el argumento de que todo lo que tenía eran “mañas” y que lo que pretendía era quedarse en el hospital porque tenía problemas con el resto de los detenidos.

Ya de regreso, y antes de ser encerrado nuevamente en las celdas, Maximiliano fue amenazado por personal policial, “…si seguís jodiendo con ir al médico te hacemos trasladar a un penal…”. Incluso – según se deduce del rastro de lesiones informadas en la autopsia- habría sido golpeado en las costillas y los testículos. Toda esta situación terminó venciendo la voluntad de Maxi, a punto tal que mientras agonizaba, rogaba al resto de los detenidos que no pidan por él, ya que tenía pánico de que lo trasladen a un penal.

El calvario de Maximiliano terminó sobre una frazada en la que otros detenidos lo sacaron al patio de los calabozos, morado, hinchado, con el cuerpo impregnado de manchas, vomitado e inerte.

Fuente: Asociación Civil Miguel Bru