El Tribunal Oral Federal 6 declaró culpable a María Julia Alsogaray, un ícono de la administración menemista, en la causa por fraude a la administración pública mientras ocupaba un cargo gerencial en la privatización de la ex empresa de telefonía estatal Entel, dispuesta en 1990.

Para la ex secretaria de Medio Ambiente, se trata de la tercera condena que recibe por estar involucrada en causas por corrupción. La orden de captura ordenada por los jueces Julio Panelo, María del Carmen Roqueta y José Martínez Sobrino se mantendrá en suspenso hasta que el fallo quede firme luego de las apelaciones, aunque se le prohibió salir del país.

La ex funcionaria, que ahora tiene 71 años, fue declarada penalmente responsable del delito de “administración fraudulenta” en contratos de fin de obra durante la privatización, ocurrida hace ya 25 años. El TOF6 postergó la unificación de condenas de la privatizadora de Entel hasta que los fallos queden firmes.

Otro de los acusados, el consultor Hernán Flaum, fue condenado a 3 años de prisión en suspenso y a la realización de trabajos comunitarios en una entidad de bien público durante 12 meses, mientras se absolvió a Juan Carlos Pyekenhayn, contra quien la fiscalía no había presentado cargos.

Alsogaray había sido condenada a 3 años de prisión en el 2004 por enriquecimiento ilícito a raíz de la cual la justicia remató su petit hotel de cuatro pisos en el barrio de Recoleta para restituir al Estado la suma de 3,2 millones de pesos. La semana pasada había sufrido otro revés judicial cuando la justicia ordenó que le incauten $341.507,81 correspondientes a intereses devengados por ese monto.

En abril del año pasado, Alsogaray fue condenada por segunda vez a 4 años de prisión por actos de corrupción en contratos que firmó como secretaria de Recursos Naturales con la Universidad Nacional de Loma de Zamora.

Según la acusación del fiscal federal Carlos Rívolo y que fue dada por cierta por el TOF 6, durante la privatización de Entel conducida por Alsogaray se amplió los plazos de ejecución y duplicó los precios sin justificativos en los contratos, todo lo cual habría perjudicado al Estado en 250 millones de pesos, entonces equivalentes a la misma cifra en dólares.