viernes 26 de abril de 2024 - Edición Nº -1969

Información General | 2 sep 2013

Agresiones a la comunidad trans

Opinión: Criminalización policial, judicial y mediática

La presidenta de OTRANS La Plata advierte sobre las agresiones que recibe la comunidad trans local


Por Claudia Vásquez Haro *

En estos últimos días la comunidad Trans (travestis, transexuales, transgéneros y mujeres trans) de La Plata, está siendo víctima de la violencia institucional y mediática

En estas líneas quiero expresar mi profunda preocupación, pero también lo quiero hacer en nombre de las demás compañeras que día a día están siendo violentadas, vejadas, acalladas y discriminadas por parte de la policía, la justicia y los medios de comunicación. Así mismo repudiar el surgimiento de un plan sistemático de represión, persecución, y criminalización hacia las identidades trans en La Plata.

Desde hace unos meses se vienen realizando estos tipos de acciones conocidas desde la jerga policial como “operativos”; donde en menos de una semana detuvieron a más de 20 compañeras y un allanamiento en la pensión donde viven alrededor de 25. Hoy siguen detenidas 4. Mientras la policía lleva adelante estos procedimientos amparados en la investigación por drogas y quejas por exhibicionismo, este accionar se traduce en la justificación del trato indigno hacia las compañeras.

En los diversos “operativos” la policía ha implementado metodologías de extrema violencia, tanto en la zona roja, donde muchas se encuentran en estado de prostitución, como en los domicilios particulares de compañeras, donde se les han llevado pertenencias, como también dinero. Las han violentado tanto a ellas, como a sus familiares y amigas. Al momento de ser detenidas en las comisarías son expuestas a protocolos que violentan sus derechos humanos, sometidas a maltratos, y donde no se respeta su identidad de género autopercibida, violando así las garantías constitucionales explicitadas en la Ley de Identidad de Género 26.743.

La mayoría que fueron violentadas en estos “operativos”, no han realizado el cambio registral (nombres que se les asignó al momento de nacer) en su DNI. Eso a la policía, a la justicia y a los medios les confiere el derecho de no sólo no respetar su identidad de género autopercibida, sino que la violencia verbal y psicológica es recurrente. Y no sólo por parte del personal policial masculino, sino femenino, este último reproductor del patriarcado y un sexismo radical. En este punto quiero destacar nuestro apoyo incondicional a la compañera Bella Karola Macedo Flores, ex presidenta de la Asociación Civil OTRANS LAPLATA, militante y luchadora por los derechos de las personas trans, quien fue violentada y vejada por la policía el miércoles pasado en el operativo donde detuvieron a 16 compañeras.

En tal sentido la ley de Identidad de Género es clara respecto al reconocimiento y respeto de la identidad auto percibida, aún si no se hicieron los cambios registrales en el DNI. En su artículo 12 expresa: “Trato digno. Deberá respetarse la identidad de género adoptada por las personas, en especial por niñas, niños y adolescentes, que utilicen un nombre de pila distinto al consignado en su documento nacional de identidad. A su solo requerimiento, el nombre de pila adoptado deberá ser utilizado para la citación, registro, legajo, llamado y cualquier otra gestión o servicio, tanto en los ámbitos públicos como privados. Cuando la naturaleza de la gestión haga necesario registrar los datos obrantes en el documento nacional de identidad, se utilizará un sistema que combine las iniciales del nombre, el apellido completo, día y año de nacimiento y número de documento y se agregará el nombre de pila elegido por razones de identidad de género a solicitud del interesado/a. En aquellas circunstancias en que la persona deba ser nombrada en público deberá utilizarse únicamente el nombre de pila de elección que respete la identidad de género adoptada”.

A toda esta violencia se le suma un componente no menor, el de la migración, más de un 50 por ciento de las compañeras que fueron detenidas provienen del Nororiente peruano; este dato no es menor, sino que sirve de un doble marcaje que justifica y da paso al racismo y la xenofobia.

Por su parte en el ámbito de la justicia se reproduce el mismo trato discriminatorio y violento al no reconocer y respetar el nombre auto percibido de las compañeras trans. El reciente caso de Yhajaira Falcón, una compañera trans afrodescendiente y que proveniente del hermano país de Venezuela, a quien no le querían respetar su identidad de género, puso en evidencia las prácticas autoritarias y transfóbicas que permanecen intactas en las instituciones públicas del poder judicial. Estas excluyen y vulneran a las personas trans y les impiden el libre desarrollo de sus derechos y su proyecto de vida.

“Su primer acto de defensa fue exigir ser llamada por su nombre”, dijeron las organizaciones que la acompañan. La primera defensora oficial que la asistió, Silvia Mussi Odriozola, le negaba este derecho y, finalmente, fue desplazada del caso. El hecho valió la intervención de la defensora general Stella Maris Martínez que, en mayo de este año, instruyó a los defensores a su cargo a respetar los postulados de la Ley de Identidad de Género. “En particular, que las llamen y se refieran a ellas por el nombre de pila con el cual se reconocen y con la identidad de género auto percibida, más allá de su correspondencia o no con su documentación personal”, señaló Martínez. (Fuente: Infojus Noticias)

Por su parte los medios masivos de comunicación como Clarín, la Nación, en este caso el multimedio del diario El Día, que responden a una derecha recalcitrante. Medios que se jactan de ser objetivos, independientes y no solo no chequea sus fuentes, sino que no hace una investigación exhaustiva de la problemática que atraviesa nuestra comunidad, sino que producen sus notas periodísticas de manera fragmentada, descontextualizada, donde no solo de deshumaniza a las identidades trans, sino que nos criminaliza. Sus fuentes casi siempre son policiales y judiciales, dista mucho de escribir desde una perspectiva en derechos humanos.

Sus notas periodísticas reproducen ideologías dominantes que criminalizan y estigmatizan nuestras identidades. Estas alimentan el prejuicio, a través del imaginario social y desde un discurso único. Contribuyen al estigma social, al pánico moral y sexual, y al mismo tiempo refuerzan un discurso de orden y mano dura.

Esta prensa que tiene las páginas de sus diarios manchadas con sangre, como lo señala Florencia Saintout, Decana de la Facultad de Periodismo y
Comunicación social de la UNLP en un artículo titulado “La Prensa Canalla” al referirse de la complicidad de los medios de comunicación con la última dictadura militar.

“Durante la más sangrienta dictadura de la historia argentina, esta trama de prensa canalla participó activamente del golpe. Mientras una parte del periodismo resistió de modos heroicos en ocasiones y en otras al menos dignos, otra parte, la canalla, actuó sistemáticamente para legitimar el crimen: la desaparición forzada de personas, las torturas, los robos de bebés, el saqueo del país a través de un plan económico que dejaría por décadas fuera de la vida vivible a millones de argentinos”. Saintout agrega “No se trata solo de periodistas aislados, sino de una trama canallesca que se articula a manera de sistema o aparato”

Este hecho pone a la luz los sistemas de exclusión que va desde la institución policial, el ámbito judicial y las corporaciones mediáticas. Estas instituciones criminalizan y estigmatizan a los colectivos más vulnerados de nuestra sociedad civil conformado por personas trans, mujeres, jóvenes, niños/as casos de gatillo fácil , entre otras.

Esta violación a los derechos humanos de las personas trans no es un hecho aislado, sino que tiene una íntima relación con las practicas represivas que se llevaron adelante en la última dictadura cívico militar. En la actualidad este tipo de violencia institucional sigue operando bajo otras formas, pero con la misma fuerza arrolladora que le dio origen.

Por todo ello, exijamos la inmediata libertad de las compañeras y el cese de las arbitrariedades policiales y judiciales. Hago un llamado a todas las organizaciones de la diversidad, políticas, y a los organismos de derechos humanos a expresarse en este sentido. Estamos por la defensa de los derechos humanos de TODAS las compañeras trans en la ciudad, en esto no debe haber mezquindades y reiteramos nuestro llamado a la más amplia unidad de acción.

Asimismo no perder de vista que estos ataques y manifestaciones recrudecen y se producen al tiempo del juicio contra Yhajaira Falcón, la brutal golpiza y el abandono por parte de la policía de nuestra compañera militante Diana Sacayan, la violencia policial sobre nuestra ex presidenta de OTRANS LA PLATA Karola Macedo Flores, la “fuga” del penal de Ezeiza, la represión en los penales, la audiencia por la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y los fallos en contra de la “justicia”, es decir se expresan en el marco de las luchas de las distintas corporaciones contra las políticas de igualdad y por mantener sus privilegios.

Es por eso que se hace imprescindible la unidad, solidaridad y organización para profundizar la democracia y terminar con los abusos policiales y judiciales en la Argentina.

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