La jueza de la Corte Suprema que acaba de morir a los 74 años se autodefinía como una “atea militante”, aunque no por integrar un partido político sino por “honestidad a sus creencias”. Una de ellas era su indeclinable posición a favor del derecho de las mujeres y el respaldo a la despenalización del aborto. Con esa impronta fundó la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina.

Argibay estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y se recibió de abogada el 11 de junio de 1964. Trabajó en varios juzgados públicos y comenzó a enseñar Derecho en varias universidades, hasta que en 1976 la junta militar la arrestó, sin tener cargos en su contra, y la mantuvo en prisión hasta el mes de diciembre. Luego de obtener su libertad se dedicó a la práctica privada de la abogacía.

Durante el gobierno democrático de Raúl Alfonsín, el 7 de junio de 1984, fue nombrada jueza. Fue ascendida en 1988 y, nuevamente, en 1993. Se jubiló el 1 de enero de 2002.

Además, formó parte del Tribunal Internacional de Mujeres sobre Crímenes de Guerra para el Enjuiciamiento de la Esclavitud Sexual, que condenara en diciembre de 2000 al ejército japonés por los crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial, donde se sometieron mujeres de distintos países a la esclavitud sexual.

En junio de 2001 fue nombrada por la Asamblea General de las Naciones Unidas como jueza ad litem en el Tribunal Criminal Internacional que juzga crímenes de guerra en la ex Yugoslavia.

Ya en el gobierno de Néstor Kirchner, Argibay fue una de las primeras personas designadas para formar parte de la renovada Corte Suprema de Justicia. El Senado de la Nación aprobó su designación el 7 de julio de 2004. Se convirtió en miembro de la Corte el día 3 de febrero de 2005. De este modo, se convirtió en la primera mujer en ser nominada por un gobierno democrático para integrar el más alto tribunal de justicia de Argentina.

A pesar de su reconocimiento a nivel internacional, la designación de Argibay como jueza de la Corte Suprema tuvo una dura resistencia de algunos sectores de la sociedad, particularmente la parte más conservadora de la Iglesia católica.

Carmen había declarado que se hallaba políticamente más cerca de la izquierda que de la derecha, que era una atea militante, y que apoyaba el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. “Creo que decir de frente lo que uno es o piensa revela honestidad, que es el primer paso para la ecuanimidad. Mis creencias no deben interferir en las decisiones judiciales que tome”, expresó en ese momento.

Su defensa de los derechos de las mujeres también se materializó en proyectos en contra de la trata de las mujeres, de la distribución gratuita de métodos anticonceptivos y de la creación de una política de enseñanza de educación sexual.

En 2007 fue criticada por los sectores de izquierda por expresarse en contra de inhabilitar al ex comisario Luis Patti como diputado por estar vinculado a crímenes durante la última dictadura militar. “Con qué cara puedo decirle a sus votantes que ese señor no me gusta y está inhabilitado moralmente para ser diputado, cuando no tiene, como exige la ley, una condena penal en su contra”, había expresado la jueza en aquel momento.

Con respecto a la Ley de Medios, si bien Argibay falló en general a favor de su constitucionalidad, lo hizo expresando una disidencia parcial respecto a la forma de implementación de los artículos de desinversión. “El cese simultáneo de todas las licencias, sin flexibilidad alguna, afecta la libertad de expresión”, había expresado.