El organismo dedicado a la defensa de los Derechos Humanos alerta sobre la realización de procedimientos policiales ilegales consistentes en la detención de colectivos y la posterior requisa de sus pasajeros, sin la orden judicial pertinente. “El poder político, lejos de propiciar su democratización, fomenta su autogobierno, su desprofesionalización y el sesgo autoritario de su intervención”, expresa el texto.

La CPM nombra como ejemplo hechos sucedidos en la localidad de Glew, partido de Almirante Brown. “Estos procedimientos son ilegales, en tanto implican el cacheo y secuestro de pertenencias sin orden judicial. Y son el resultado de la profundización de un modelo de seguridad que promueve el control territorial de los sectores populares”, analiza el organismo presidido por Adolfo Pérez Esquivel.

Analizando los riesgos que conllevan este tipo de acciones por parte de la autoridad, la Comisión asegura: “Sabemos por nuestra tarea cotidiana que la habilitación de privaciones de libertad por parte de la policía, sin autorización y al margen del control judicial, es la condición de posibilidad de otro tipo de acciones tales como el reclutamiento para cometer delitos, la extorsión, la tortura y las desapariciones forzadas de personas. Se trata del fortalecimiento de uno de los aspectos centrales que caracterizan el poder de la institución policial y que es su dominio territorial”.

“Como expresamos en distintas oportunidades, este tipo de medidas propician la violencia estatal, aumentan el divorcio entre seguridad pública y derechos humanos y son ineficientes para incidir en el desarrollo de mercados ilegales y el delito complejo”, continua el texto.

Con respecto a las requisas ilegales en colectivos, la CPM asegura que esto “remite a la época de la dictadura, cuando eran habituales estos procedimientos como parte de un plan sistemático de las fuerzas policiales y de seguridad. Con esas prácticas se extendía el miedo y se instalaba el terror, con el objetivo de ejercer el control social y la manipulación de las personas. Si estos hechos de hoy se naturalizan, se estarían reinstaurando mecanismos repudiables que una democracia de treinta años no puede permitir si quiere seguir consolidándose y ampliando derechos”.

“Insistimos en que la política que debe asumirse es el de la seguridad democrática. Con ella se propicia la conjugación de la profesionalización en el abordaje del delito y el respeto irrestricto de los derechos humanos”, concluye el último comunicado de la CPM.