El sorteo fue a las 11.30 en la sede de de 46 6 y 7 de la Lotería de la Provincia, con la presencia del gobernador Daniel Scioli y el ministro de Justicia impulsor del proyecto, Ricardo Casal.

En un salón repleto de gente y con varios bolilleros, se determinó que todos los ciudadanos bonaerenses que tengan DNI terminado en 983 y 461 formarán el padrón inicial del que luego se definirán los 11384 jurados que se necesitan para esta nueva metodología de juicios.

El 983 fue el primer número sorteado, pero la cantidad de personas con esa cifra en su DNI no cubría el cupo necesario. Por eso se decidió sacar más bolillas para completar el cupo. La segunda cifra quedó determinada en 461.

Podrán ser jurados los argentinos nacidos o naturalizados con 5 años o más de ciudadanía, entre 21 y 75 años y con pleno entendimiento del idioma nacional. Deberán estar en “pleno ejercicio de los derechos ciudadanos” y tener aptitud física y mental para ejercer esa función.

No podrán ser jurados aquellos que tengan cargos públicos elegidos por voto popular, o con un rango de “director” o superior a él tanto en el Estado nacional, provincial o municipal como en entes públicos autárquicos o descentralizados.

Tampoco podrán ejercer este deber los funcionarios o empleados judiciales, los policías o agentes de Servicio Penitenciario ni los directivos de agencias privadas. Quien haya sido jubilado/cesanteado de cualquiera de estas profesiones, tampoco será tenido en cuenta para ser jurado.

También están inhabilitados los abogados, escribanos y procuradores, los condenados por delito doloso, los imputados con un proceso penal en trámite, los ministros de un culto religioso y las autoridades directivas de los partidos políticos.

El sorteo se realizó sobre los últimos tres números del DNI, y todos los elegidos se distribuirán entre los 18 departamentos judiciales para que puedan depurar la lista, apartando a los inhabilitados y conformando el padrón final que será enviado a la Suprema Corte.

Con esta metodología, los tribunales estarán compuestos por un juez, 12 jurados titulares y 6 suplentes. Los jurados debatirán únicamente en casos de delitos graves, cuya pena sea mayor a los 15 años de cárcel.

El juez dará las instrucciones para que los jurados deliberen, y luego éstos deberán reflexionar por 2 días en sesión secreta, con un plazo prorrogable a 2 días más, para determinar la culpabilidad o inocencia del imputado.

Si no existiera un acuerdo entre los jurados, la votación podrá repetirse en tres oportunidades más; y si se continúa en la misma situación, se podrá plantear la no culpabilidad o se declarará el debate “estancado”. En este último caso, se deberá conformar un nuevo tribunal.

Así como la presidencia de mesa en elecciones, ser jurado será obligatorio y considerado una carga cívica. Los ciudadanos recibirán una remuneración y, por su parte, el imputado tendrá derecho a renunciar a esta metodología de juicio por jurado.