Oscar Castellucci lleva a cabo desde hace años una lucha en un terreno donde antes todo era árido: la noche, la discriminación y la violencia legitimada. Luego del asesinato de su hijo Martín en 2006 a manos de un patovica, Oscar supo que con resolver su caso no cesaría la injusticia y emprendió el camino más complicado, el de lograr un cambio en la legislación y en la cultura. Luego de más de 8 años, consiguió que se sancionara la ley 26.370, pero sabe que aún falta mucho.

INFOBLANCOSOBRENEGRO entrevistó a Oscar Castellucci, presidente de la Asocación Civil Martín Castellucci, para saber en que se ha avanzado desde que se aplica la nueva norma que establece las reglas de habilitación para el personal que realiza tareas de control de admisión y permanencia de público.

¿Cuáles son los logros desde que se aprobó la ley en 2008?
La ley nacional era medio declarativa porque como trata un tema de seguridad requiere que todas las provincias adhieran. Hasta ahora, lo hicieron 6 provincias y solo se ha avanzado en la Provincia de Buenos Aires. En Río Negro hubo algún progreso, Chubut por lo menos la reglamentó, Salta la encaró mal. Chaco, Santa Fe y Santa Cruz se adhirieron pero no pasó más nada. En Capital Federal ocurrió algo muy extraño, ya que primero adhirió, pero luego el macrismo cedió ante las presiones empresarias e hizo un absurdo jurídico absoluto que fue subsumir la adhesión a otra ley de seguridad privada que no tiene nada que ver con la 26.370.

¿Es un problema a nivel nacional la violencia en boliches?
Absolutamente. Desde la asociación venimos haciendo un seguimiento de lo que sale en los medios, que sabemos que es solo una parte de lo que sucede en la realidad y no tenemos dudas que es un problema nacional, pero muy marcado en algunos lugares como Santa Fe y Mendoza, donde la situación es terrible. Todos los fines de semana, en algún lugar hay casos de violencia y discriminación en algún boliche.

¿Había alguna ley previa que regulara el derecho de admisión?
No, el derecho de admisión que siempre utilizaron los empresarios no existía. Nunca jamás existió. La primera vez que se reguló el tema de la admisión es en la ley 26.370. Tuvimos una gran discusión con el INADI, con el que trabajamos mucho juntos, porque ellos no querían que se regulara argumentando que no existía. Pero, nosotros sabíamos que mientras no existía, en la realidad se aplicaba sin ningún tipo de regulación.

Es decir que el viejo cartel “la casa se reserva el derecho de admisión” no estaba basado en ninguna legislación
En absoluto. Siempre nos llamó la atención porque todos lo utilizaban pero no existía legalmente. La única que lo menciona es la 26.370 que tiene un capítulo que determina cuales son las condiciones de admisión, que obviamente no tiene nada que ver con cómo lo aplican los boliches.

¿Cuáles son los criterios que establece la ley para dejar o no entrar a alguien a un boliche?
Absolutamente objetivos. La ley establece que aquellas situaciones objetivas deben ser explicitadas mediante un cartel. Si no se puede entrar con zapatillas, nadie debe poder hacerlo. Además, esas condiciones deben estar basadas en la ley antidiscriminatoria, debe ser igualitario para todos y tiene que ser exhibido. Nadie podría plantear ‘acá no entran negros’ porque además es un delito. De todos modos esas situaciones todavía quedan un poco lejos porque acá aún estamos preocupados por la muerte, aunque muchas veces de la discriminación después se suscitan los hechos de violencia.

¿En qué se materializó el avance en la Provincia?
La reglamentó, creó el registro donde se deben inscribir obligatoriamente quienes realizan tareas de control de admisión y permanencia de público, se abrieron los institutos de formación, porque los trabajadores de esta área deben tener una capacitación obligatoria. En la Provincia también se creó por un decreto del gobernador una comisión sectorial con todos los organismo del Estado involucrados en la problemática, el gremio (Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia de la República Argentina), las ONG’s y los empresarios que son los únicos que todavía no se sumaron formalmente. Nos reunimos al mes una vez al mes y se debate la aplicación de la ley y los problemas que surgen.

¿El instituto tiene llegada a toda la Provincia?
Yo fui director durante 2 años y luego renuncie en parte por eso. Hay una sede central en La Plata y habíamos comenzado a trabajar con subsedes en el Conurbano, en el Municipio de La Costa y en Tandil. De todos modos había un sistema que para mí no funcionaba y vi que en el gremio no había mucho interés en profundizar este camino. Por eso yo me abrí y ahora estamos trabajando en otro modelo de capacitación.

¿En que consiste la formación que deben recibir los patovicas?
La formación tiene un problema muy grave que es el perfil de quienes trabajan como controladores. En la ley se les exige tener secundario, pero en la realidad el 80 por ciento no lo tiene, y además es gente que está alejada hace mucho tiempo del sistema educativo. La experiencia que yo tuve fue terrible, porque era muy difícil dar la formación teórica, con materias como Derechos Humanos, a personas con ese perfil. La ley también exige que quienes realizan este trabajo no pueden tener condenas y tienen que hacer un apto psicológico donde se detecta el perfil de persona violenta.

Es lógico pensar que hasta que se pueda formar a todos los trabajadores seguirán funcionando los boliches, ¿Qué establece la ley para este período de acondicionamiento?
Supuestamente se da una habilitación temporal, pero los plazos ya han vencido. La cantidad de gente que se ha formado en los institutos es muy pequeño en comparación con el universo de trabajadores de este segmento. En la Provincia debe haber 10 mil personas trabajando de esto. También lo que pasa es que es un empleo golondrina, de fines de semana, y nosotros buscamos que sea algo estable. Que el trabajador esté en blanco, que tenga ART, con un convenio de trabajo, porque si es alguien que no figura en ningún lado trabaja sin que le importe nada.

¿En el registro que porcentaje del total de los trabajadores figuran?
Muy pocos. También hubo cosas que no funcionaron porque el gremio (Sutcapra), si bien era nuevo, rápidamente adquirió mañas de sindicato viejo. Hicieron acuerdo políticos y durante mucho tiempo el director del registro estuvo vinculado al gremio y eso era algo negativo porque el mismo que tiene que fiscalizar pertenecía al órgano fiscalizado. Creo que no hubo voluntad de profundizar el proceso de registrar a todos los trabajadores.

¿Con los intendentes han tenido algún contacto?
Los intendentes no dan un gran trabajo, no muestran interés. Cuando mandamos algún pedido de información para ver si algún establecimiento está habilitado no lo contestan. Lo que pasa es que gran parte de los boliches tienen una muy fuerte ligazón con el mundo político. Muchas veces son cajas de los políticos y eso dificulta mucho todo. Por eso con la ley quisimos partir desde el nivel provincial. De todos modos, en un futuro va a ser necesario que trabajemos juntos.

¿La Justicia colabora?
Muy excepcionalmente. La noche es un ámbito que se ha movido históricamente en la clandestinidad y la desregulación absoluta. Creo que la primera vez que el Estado interviene sistemáticamente es a partir de esta ley. Eso ha generado una connivencia muy peligrosa de los dueños de los boliches, que muchas veces no son los verdaderos propietarios, con la policía y la política. Ese freno hace que muy pocas casos lleguen a instancias judiciales. El avance que hubo en estos años es que a partir de la ley fuimos recortando pequeños espacios de impunidad. Ahora cuando las cosas se ponen muy complicadas entregan a un patovica. En el caso de mi hijo pasó eso y en el de la chica de La Plata Delfina Croce, también. El mes que viene vamos a juicio contra uno de los policías de la puerta, 7 años después. Lo tipos te pasan la lima hasta que te dejan liso.

¿Hay una relación entre las víctimas y el estrato social más humilde o son de todos los sectores?
La mayor parte de las víctimas se plantean en los sectores postergados y marginales. Lo que pasa es que no salen en los diarios. Cuando pasó lo de Martín, el caso tuvo repercusión por la inserción social que teníamos nosotros. Eso también hace que avance la justicia, porque mi esposa es abogada y con el paso del tiempo te das cuenta, con mucho dolor, que Martín fue la víctima equivocada, como también Delfina Croce. Eso nos hace tener una conciencia mayor con el tema. Los pibes con gorrita no cotizan en los medios. Solo muestran si después hacen alguna protesta y hay algún incidente, si no nada. De todos modos, creo que más clasista que los medios es la Justicia. Es totalmente inequitativa. Ahora estamos trabajando en un caso de un chico muy humilde que mataron en Bernal. Para acceder a una copia de la causa te cobran un peso la página, y tiene 500 páginas. Por eso, nosotros creemos que hay que cambiar el sistema y no un caso particular.