Se reunió la Comisión Bicameral de Seguridad Interior, que presentó un informe sobre la población extranjera detenida en Argentina y la situación de los Derechos Humanos en las cárceles federales. Los estudios arrojan que el porcentaje de inmigrantes presos coincide con la proporción de extranjeros que viven en el país.

El presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad Interior es el puntano Adolfo Rodríguez Saá y está integrada por los kirchneristas Carlos Kunkel y Gastón Harispe, entre otros.

Harispe analizó: “Hoy la mayoría de los detenidos son acusados por menudeo, tráfico en pequeña escala, y otros delitos menores para los que hay mecanismos por los cuales, cuando cumplen la mitad de la condena, pueden ser deportados a sus países de origen. O sea que si se cumplieran los tiempos procesales correctos habría más plazas vacantes y serían suficientes para este sistema penitenciario”.

La Bicameral de Seguridad Interior tiene a cargo el de los organismos de seguridad. En esta oportunidad, contó con la presencia del director general de migraciones y de miembros de la procuraduría de Derechos Humanos del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

Los funcionarios presentaron información cuantitativa y cualitativa que refuta las versiones que relacionan a la población inmigrante con el delito. Entre el 4 y el 6 por ciento de la población argentina detenida en otro país es migrante, y la población carcelaria de extranjero en el SPF es también el 6 por ciento del total.

El otro dato de relevancia es que hay más presos argentinos en Bolivia, Paraguay, Uruguay que ciudadanos de esas nacionalidades detenidos en nuestro país.

“Esta relación aumenta considerablemente cuando se realiza la comparación con países europeos, aunque cabe destacar que estos tienen proporcionalmente más presos en las cárceles argentinas que los países latinoamericanos”, agregó Harispe.

En la reunión también se analizó la cantidad de plazas que tiene el SPF, que no tiene la capacidad de alojar la cantidad de personas que cumplen sentencias por delitos federales, habiendo 12 mil presos, pero solo 10 mil lugares. El resto se encuentra en cárceles provinciales.

Al respecto, los especialistas señalan que una manera resolver la problemática de la ocupación sería acelerar la resolución de la situación penal procesal de los internos, muchos de los cuales no tienen condena firme.