Alejandro Granados adelantó que reabrirán 200 calabozos que funcionan en comisarías para alojar a todos los detenidos posteriores al dictamen de la Emergencia en Seguridad. Estos calabozos habían sido cerrados entre 2011 y 2012 por sus pésimas condiciones edilicias.

La medida del Ministro fue confirmada oficialmente desde la página del Ministerio, con el objetivo de “rehabilitar el funcionamiento de los calabozos en dependencias policiales”.

Así, los reclusos serán trasladados de a poco a las Alcaidías del Servicio Penitenciario, dispuestas por el entonces Ministro Seguridad y Justicia, Ricardo Casal.

CRÍTICAS

“Es una medida desacertada y regresiva. Se vuelve a habilitar a los calabozos con orden de cierre definitivo, algo que se aleja de tratados internacionales y de una política de seguridad progresiva”, apuntó Rodrigo Pomares, director de Seguridad Democrática de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).

Pomares recordó las resoluciones firmadas en 2011 y 2012 por Ricardo Casal, respecto de las terribles condiciones de los calabozos en las comisarías, y sustentó su opinión explicando la negatividad de la medida anunciada por Granados.

“De 4.600 detenidos en calabozos de comisarías hacia 2009 se pasó a cerca de 700 en 2013. Se había logrado disminuir la presencia de detenidos en lugares no aptos, a pesar del colapso que generó en el sistema penal, pero, por un lado, era una tendencia de avance”, aseguró en declaraciones al medio Infocielo.

Respecto de los tratados internacionales, Pomares opinó que una política de seguridad debe tener como eje “el retiro progresivo de los detenidos en comisarías”, ya que las cárceles “no están adecuadas” para esa función.

“No es aconsejable que haya efectivos a cargo del cuidado de calabozos. Los efectivos tienen otra preparación y otra función, que es la prevención del delito, por eso los detenidos no pueden estar en comisarías, además de la vulneración de Derechos Humanos que puede traer. Es un grave retroceso”, finalizó Pomares.