Los reclamos por una educación pública y gratuita llevaron a los estudiantes chilenos a tomar las calles durante varios meses, en los que hubo numerosos enfrentamientos entre carabineros y detenidos. La iniciativa de la Presidenta chilena podría saldar esta vieja deuda del Estado, una de las más importantes promesas que dio la misma Bachelet antes de asumir.

La iniciativa será enviada al Congreso para que se debata con carácter urgente: la promesa de una educación gratuita es casi la médula de todas las demás medidas que Bachelet garantizó, habiendo vuelto este año a la jefatura del Estado 5 años después de haber terminado su primer mandato.

En su discurso, la mandataria había asegurado 50 medidas para los primeros 100 días de gobierno, iniciado el 11 de marzo pasado, y ya ejecutó la mitad de esas promesas en menos de 70 días.

Además de la reforma tributaria, que fue aprobada y despachada esta semana por la Cámara de Diputados, también está avanzada la reforma del sistema electoral (que será revisada esta semana en la Comisión de Hacienda de la cámara baja) y una reestructuración del sistema de salud, destinada a mejorar el régimen de jubilaciones.

“Fin al lucro, a la discriminación; establece la gratuidad escolar y crea una nueva institucionalidad de educación parvularia”, señala la invitación que hizo llegar el gobierno a especialistas del área, autoridades y parlamentarios convocados a la ceremonia de presentación.

El proyecto, con más de 50 páginas, persigue el objetivo de cambiar el paradigma de la educación chilena, reforzar el sistema público de enseñanza y dar poder a las familias para que sean ellas las que escojan los colegios y no al revés, según anticipó el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre.

La iniciativa busca dejar atrás el financiamiento compartido mediante el congelamiento de los montos que cobran los colegios (“copago”) a padres y reemplazarlo gradualmente por un subsidio estatal.

Según el proyecto, aquellos establecimientos educativos que reciban subsidios estatales no podrán tener fines de lucro, para lo cual deberá modificarse la Ley General de Educación vigente que permite la obtención de utilidades por la actividad escolar.

Por otra parte, el proyecto prevé la creación de un organismo estatal para la compra de colegios de aquellos propietarios que deseen dejar la actividad con el nuevo régimen, a fin de evitar cierres masivos y caída de la matrícula.

Por último, la reforma busca dejar atrás la facultad de los colegios de seleccionar a los alumnos que admiten mediante evluaciones, para lo cual postula un sistema en el que los padres puedan establecer un orden de preferencia para postular a sus hijos.

Las normas para el funcionamiento del sistema educativo rigen desde la última dictadura chilena (1973-90) y son resistidas desde hace años por gran parte de la sociedad y los movimientos estudiantiles. Las protestas, encabezadas por estudiantes y docentes, se habían hecho especialmente frecuentes durante el mandato de Piñera, aunque estaban vigentes desde hacía mucho tiempo.