La Cámara en lo Contencioso Administrativo confirmó hoy la suspensión del fiscal de instrucción penal José María Campagnoli y su remisión a juicio político por presunto mal desempeño en sus funciones.

La sala III del Tribunal ratificó la suspensión del fiscal que había sido enviado a juicio político por una comisión evaluadora, a instancias de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, acusado de modificar el objeto de la causa en la que el empresario Lázaro Báez pasó de denunciante a imputado, lo que según la acusación equivale a violar a las reglas procesales.

Los camaristas Jorge Argento, Carlos Grecco y Sergio Fernández, tuvieron en cuenta que “no ha quedado desvirtuado el fundamento central que obsta al conocimiento judicial actual de la suspensión en el ejercicio de las funciones” de Campagnoli.

“Se pretende impugnar actos que no resuelven cuestión de fondo alguna propia de un proceso de enjuiciamiento político, sino que han sido emitidos durante su trámite por ante el Tribunal de Enjuiciamiento”, subrayaron los jueces.

Para la Cámara “la medida de suspensión no tiene carácter incriminatorio ni sancionatorio”, puesto que se trata de “una decisión previa, no definitiva, dispuesta en el trámite de las actuaciones” que la Procuración General de la Nación sigue contra Campagnoli.

De esta manera, Campagnoli, que la semana pasada fue declarado “Ciudadano Ilustre” de la Ciudad de Buenos Aires por una iniciativa del arco opositor, seguirá suspendido de su cargo y afrontará el juicio político que se comenzará a sustanciar en los próximos días, por el cual podría ser finalmente destituido.

“En estos términos se instituye un recurso directo de apelación ante esta Cámara, contra la sentencia del Tribunal de Enjuiciamiento por la que se haya decidido absolver o condenar al imputado, disponiendo su remoción, por lo que queda en principio fuera del ámbito de su conocimiento toda otra decisión adoptada por este tribunal”, remarcaron los jueces.

Campagnoli fue enviado a juicio político por presunto mal desempeño a raíz de un proceso impulsado por la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, por investigar una causa en la que no era competente y que estaba vinculada a la supuesta extorsión de Báez para quedarse con la financiera La Rosadita.

Fuente:(NA)