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Impulsada por trabajadores

Demanda judicial contra la Dirección de Escuelas por el pago de sumas en negro a trabajadores

Marcelo Ardeti y Rogelio Lozano son trabajadores de la DGCyE. A fines del mes pasado presentaron junto a otros compañeros de trabajo una demanda judicial contra esa cartera educativa Provincial. Piden que la Justicia no permita más al Estado Provincial pagar sumas en negro a sus empleados. Por este reclamo fueron detenidos 5 trabajadores que siguen procesados, entre ellos Marcelo Ardeti

12/06/2014

Marcha

Consultamos a Ardetti y a Lozano sobre las claves del conflicto y de la demanda judicial

- Concretamente, ¿en qué consiste el reclamo?

El reclamo se realiza porque el Estado Provincial, desde hace más de 10 años nos viene pagando sumas de dinero en negro que después no tienen incidencia sobre otras bonificaciones retributivas o sobre el Sueldo Anual Complementario por ejemplo.

- ¿Cómo realiza el Estado el pago en negro?

Muy fácil. Al tener los empleados que trabajan en el marco de la Ley 10.430 (que es la que rige el empleo estatal) sueldos básicos absolutamente paupérrimos, nos pagan mensualmente una cierta cantidad de dinero que lo imputan falazmente como pago por tareas realizadas en tiempo extraordinario, lo que se conoce concretamente como “horas extras”. Lo que convierte en negro a esa suma es el hecho que las mencionadas horas extras, son sólo sumas de dinero que se pagan como un tácito reconocimiento del Estado de tener que recomponer los bajísimos básicos que legalmente paga a sus empleados.

- ¿Ese monto que llaman “horas extras” implica que les extienden la jornada laboral?

En absoluto. Trabajamos 30 horas. semanales por las cuales cobramos un básico determinado. A ese básico se le suman estos pagos en negro, primero, porque es falso que se realizan tareas extraordinarias con mayor carga horaria. Segundo porque si bien forma parte del “sueldo mensual” no son susceptibles de descuento previsionales, Tampoco tienen incidencia sobre el pago por antigüedad por ejemplo.

- ¿Cual es el criterio que se sigue para determinar el monto de estos pagos en negro?

Ninguno, lo que genera situaciones de tremenda injusticia. Todo depende en qué área cada uno trabaje y si esa área tiene una cantidad determinada de horas extras. En algún momento se había conseguido que todos los ingresantes se les pagara un monto fijo de alrededor de 450 pesos pero la actual administración no lo aplica. Es más, hay casos flagrantes donde un agente con menos antigüedad y categoría que otra, cobra mensualmente un sueldo mayor al de un compañero que tiene mayor responsabilidad,quizás más antigüedad y categoría.

A eso hay que sumarle algo importantísimo que es el hecho que cuando el trabajador lo jubilan, la jubilación se le calcula sobre el salario básico y para ello no se tienen en cuenta los montos que en concepto de horas extras percibió durante años.

-¿Por qué no hubo una política para sanear esa irregularidad?

Esto viene de vieja data, como dijimos, desde hace más de 10 años. En su momento con igual criterio pagaban días de viáticos que jamás se realizaban. Luego y al evidenciarse semejante irregularidad, dejaron de liquidarlos, no sin sumarios y denuncias, que nunca llegaron a algún resultado.

Fue entonces que se implementaron las URPES (Unidades Retributivas por Producción y Eficiencia), un verdadero engendro que no tenía lógica ni sustento alguno; solo sirvieron para mejorar un poco el magro salario que percibíamos, también como suma en negro, “legalizada”, los cuales allá por el año 2008, conjuntamente con parte de la horas extras, se fue integrando de a poco al básico.

-¿No se podría hacer ahora lo mismo con lo que ustedes llaman pagos en negro?

Es lo que venimos reclamando hace años. Sólo en la gestión de la anterior Directora General de Escuelas, Silvina Gvirtz, se avanzó en hacer una mesa conjunta con trabajadores y funcionarios para darle fin a esta arbitrariedad. La renuncia de Gvirtz, denunciando un ajuste, frustró cualquier intento de abordar el tema.

Muy por el contrario, su reemplazante la Dra. De Lucía, en sus primeras medidas de gestión, pretendió hacer un recorte de esta recomposición salarial. Ello llevó a que en ese momento se decidiera en asamblea de trabajadores la toma del edificio de calle 13. Si bien se logró frenar el quite de las compensaciones salariales, nada se dijo sobre el blanqueo salarial prometido. Con aquel recorte no se quitaban horas extras, en realidad se pretendía bajar los salarios.

Debemos aclarar que por dicho conflicto, lejos de acordar un blanqueo salarial como reclamábamos, las autoridades del ministerio inventaron una denuncia por “coacción agravada” que todavía hoy está en proceso y que oportunamente sirvió para secuestrar y poner en prisión durante 2 días a 5 compañeros que reclamaban esto que hoy reclamamos a la justicia.

-¿Ven posibilidades de diálogo?

Es imprescindible el dialogo, nos hemos acercado a la ministra en varias oportunidades y si bien se comprometió al dialogo, nunca lo concreto. Por eso recurrimos a la justicia, para que se nos reconozca definitivamente el derecho a que se nos paguen sueldos en blanco. La demanda que realizamos, apunta también, y en el fondo, a que se tome en serio el tema y se piense en una profunda modificación de las escalas y los montos salariales; para evitar que se sigan fomentando graves irregularidades en el manejo de los fondos, por un lado, y para jerarquizar definitivamente al trabajador estatal por el otro.

Y para que además un trabajador, después de haber estado 30 años o más al servicio del estado pueda entrar a situación de pasivo no como indigente, sino como alguien que trabajó dignamente y con una jubilación al menos decorosa. En definitiva demandamos al Estado provincial para que no haga con sus propios empleados lo que le prohíbe a los privados: pagar salarios en negro y precarizar así la calidad del servicio público. Creemos que es imposible pensar en un Estado eficaz y eficiente, con trabajadores de planta absolutamente precarizados, remunerados en negro y sin ningún tipo de criterio racional para determinar los mismos.

La demanda que esta en el juzgado contencioso administrativo N° 1 ya tubo su primer medida: obliga a la DGCyE a no innovar sobre sueldo y tareas de los trabajadores demandantes.



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