El conflicto que se inició en 2010 con las Prácticas Finales Obligatorias continúa su curso todavía hoy, en medio de una laguna judicial de cautelares sin ningún fallo oficial. En el marco de un acelerado cambio del plan de estudios, los alumnos de la Facultad de Cs. Médicas debieron tener aprobadas todos los finales para luego poder realizar las PFO.

A ese cambio se le implementó retroactividad, por lo que muchos estudiantes que estaban por hacer las prácticas quedaron en el aire, teniendo que perder un año más para rendir todos los finales antes de realizar su última materia: las PFO. Por eso acudieron a la Justicia que les otorgó medidas cautelares, y ante la negativa del ex decano Jorge Martínez de firmarles el diploma de egresados, el ex rector de la UNLP Fernando Tauber rubricó y dio validez al egreso.

Ahora, el conflicto volvió a tomar vuelo cuando una estudiante egresada bajo aval judicial se acercó a la unidad académica de 60 y 120 para anotarse en una residencia bajo el sistema de salud privado. La Facultad, al tener convenios con sanatorios y clínicas, es la encargada de avalar esos pedidos; no así frente a residencias en el sistema de salud público.

Al acercarse a su Facultad, la joven recibió una cortante respuesta: no la dejarán realizar residencia porque para la misma Facultad, ella no es egresada. El conflicto recayó nuevamente en órbitas judiciales (Juzgado Federal N° 4, cuyo titular es Alberto Recondo), y finalmente pudo ser anotada bajo una nueva medida cautelar. Ahora, el magistrado se encuentra resolviendo la “cuestión de fondo” para dictar, de una vez, un fallo definitorio.

Desde el Rectorado informaron que “para hacer la residencia, los alumnos que terminan la carrera pueden anotarse en el sistema público, que administra el ministerio de Salud, y en el privado, que controla la facultad pues es la que tiene convenios con los sanatorios y clínicas”. El secretario de Asuntos Jurídicos de la UNLP, Julio Mazzotta, explicó que la joven “fue a inscribirse a la facultad para ingresar en el sistema privado y le dijeron que no podía hacerlo porque no era egresada”.

Luego de la medida cautelar otorgada, "la Facultad se presentó ante el juzgado como parte, sin que fuese citada, y expresó que los títulos de los alumnos cautelados son apócrifos, que carecen de validez, y pidió la nulidad de la resolución del consejo superior que habilita a la Presidencia de la Universidad a expedir los diplomas ante la negativa a hacerlo por parte de las autoridades de Medicina”, explicó Mazzotta.

En la respuesta del juzgado, se destaca que "la Facultad no tiene personería para presentarse como parte en el juicio, ya que es una dependencia de la Universidad. Además, se defendió la validez de los títulos, algo que ya fue reconocido por el ministerio de Educación de la Nación”.

Sin embargo, la actual decana de Medicina Ana Lía Errecalde, aseguró que “para nosotros esos alumnos todavía no egresaron”.

“Le hicieron juicio a la facultad para ingresar a la práctica final obligatoria sin los requisitos que pide la unidad académica en consonancia con disposiciones ministeriales, de la Coneau y de la Ley de Educación Superior, y si bien se los dejó cursar esa instancia por una medida judicial, hemos apelado ante la Corte Suprema”, recordó.

Por eso, señaló que “hasta que no termine el juicio, no está concluido el tema”, y subrayó: “Sería incoherente de nuestra parte aceptarlos para hacer la residencia tras no haberles firmado los diplomas porque no los consideramos graduados”.