El Observatorio de Violencia de Género (OVG) de la Defensoría del Pueblo bonaerense presentará el martes a las 11 en el Anexo de la Cámara de Diputados un documento que advierte que en La Plata persisten prácticas estigmatizantes y discriminatorias contra trans y travestis en la vía pública, como detenciones masivas y violentas por parte de personal policial.

En la jornada sobre “Avances y desafíos en la aplicación de políticas públicas para el colectivo trans y travestis”, el organismo conducido por Laurana Malacalza detalla que esas detenciones masivas que ocurrieron sobre todo a partir de agosto de 2013, contradicen la ley 26.743, de “Identidad de género”, así como derechos y garantías constitucionales.

Según surge del documento, elaborado en el marco de la Mesa de Trabajo por los derechos del colectivo trans y travesti en La Plata, convocada por el OVG, durante todas las intervenciones policiales y judiciales, tanto el personal de seguridad como funcionarios y funcionarias las nombraron y trataron como varones. De acuerdo con las personas trans y travestis entrevistadas para el trabajo, las requisas fueron efectuadas por personal masculino, de manera vejatoria y utilizando la modalidad coercitiva de desnudez forzosa, lo que contraría lo establecido por el Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires y la ley de Identidad de Género.

El otro eje del documento del OVG alude a propuesta de relocalizar la llamada “Zona Roja” como respuesta para el debate público instalado en la ciudad sobre el tema. A partir de denuncias de “disturbios, venta de drogas o exhibicionismo y otras conductas obscenas”, reseña el OVG, un grupo de vecinos viene solicitando la intervención de diferentes agencias estatales. Uno de los lugares donde se recibieron denuncias de este tipo es justamente la Defensoría del Pueblo. Pero desde el observatorio plantean: “Entendemos que considerar la relocalización de la Zona Roja como la única solución a la problemática más bien pareciera ser una medida tendiente a apartar de la mirada social este colectivo”.

El documento que presentará el OVG pide “un registro respetuoso de las identidades de género” y manifiesta la necesidad de que se implementen políticas públicas de inclusión que garanticen el acceso al empleo de las personas trans y travestis, el acceso a la vivienda, y acceso a la salud, contemplando tratamientos hormonales, psicológicos y psiquiátricos, y seguimiento en tratamiento farmacológico por VIH.

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