El conflicto en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNLP ha virado radicalmente en las últimas semanas. Hace una semana, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) aseguró que la acreditación de la carrera de Medicina “estaba en riesgo” por no cumplirse la resolución 1314 del ministerio de Educación de la Nación que estipula que para ingresar a la Práctica Final Obligatoria, los alumnos no pueden adeudar finales. Luego, se conoció la postura de la Procuración General de la Nación avalando que la resolución del conflicto (602/10) no implicaba una modificación del plan de estudios. Ahora, la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata dispuso suspender el juicio académico contra las autoridades de la Facultad y debe resolver sobre una medida cautelar presentada por las mismas.

En una resolución firmada por unanimidad, los integrantes de la Sala I de la Cámara dispusieron suspender el juicio académico que se está realizando contra las autoridades de Medicina a instancias de una resolución del consejo superior, máximo órgano de cogobierno de la Universidad.

El Consejo Superior, en una sesión extraordinaria que llevó a cabo el 11 de marzo, aprobó por amplia mayoría realizarle un juicio académico al entonces decano Jorge Martínez y otros funcionarios responsables de no firmar los diplomas a graduados que cursaron la Práctica Final Obligatoria (PFO) con medidas cautelares.

Ahora, la Justicia ordenó que hasta tanto la UNLP produzca un informe sobre las irregularidades denunciadas por Medicina, el juicio académico quedará frenado.

El conflicto se inició en 2010, cuando las autoridades dictaron la resolución 602/10 que establecía que para poder cursar la Práctica Final Obligatoria (PFO) los estudiantes debían tener todos los finales aprobados y no solo las cursadas, como se exigía hasta entonces.

Ante este nuevo requisito, los estudiantes que ingresaron a la Facultad antes de 2010 denunciaron que ello implicaba un cambio de plan de estudios y que, por lo tanto, las nuevas exigencias no podían aplicarse en forma retroactiva.

Esta postura fue avalada por el Concejo Superior de la UNLP, a través del comunicado 300 de 2012, y ratificada por la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata que dictó recursos de amparo para que los alumnos en disputa puedan cursar la PFO. Sin embargo, las autoridades no dieron el brazo a torcer y se negaron a firmar los títulos de los estudiantes que habían iniciado acciones judiciales.

Esta puja entre las autoridades de la casa de estudio y el máximo órgano de cogobierno de la UNLP, derivó en la aprobación de un juicio académico contra Martínez y compañía y advirtió que luego se iniciaría un juicio penal. En simultaneo, también se aprobó una resolución que autorizaba a la Presidencia de la Universidad a firmar los títulos ante la oposición del decanato de la Facultad.

El juicio académico había recaído sobre varias autoridades de Medicina que integran la agrupación Hoja de Roble que gobierna en el Consejo Académico de la Facultad. Entre ellos, se encontraban la actual decana de Medicina Ana Lía Errecalde, que en ese entonces se desempeñaba como Secretaria Académica, y contra el ex decano Jorge Martínez que sigue desempeñándose como profesor. La decisión de no firmar los títulos se mantuvo tras el cambio de autoridades, alegando que la decisión se mantendrá hasta que se expida la Corte Suprema de Justicia sobre la cuestión de fondo.

Ante la disposición de suspender el juicio académico, ahora la UNLP tiene 5 días para notificarse de lo resuelto por la cámara federal.