La participación de la ciudadanía en los procesos legales significa un gran avance en la construcción democrática. Los jurados y la ciudadanía en general podrán controlar y evaluar el funcionamiento del sistema judicial, de los fiscales y de la policía. Que la implementación del Juicio por Jurados de la Provincia de Buenos Aires comience en nuestra ciudad nos llena orgullo a toda la Región Capital, ya que sabemos que su ejecución debe ser gradual y progresiva para alcanzar experiencias positivas en las que la ciudadanía cumplirá un rol esencial.

El jurado estará integrado por ciudadanos comunes, deberán ser argentinos nativos o naturalizados con no menos de cinco años de ciudadanía, tener entre 21 y 75 años, entender plenamente el idioma nacional y gozar de aptitud física y psíquica suficientes para el desempeño del cargo. Por sorteo en audiencia pública, la Junta Electoral de la Provincia confeccionara anualmente un listado con los ciudadanos que cumplen con los requisitos correspondientes, discriminados por departamento judicial y por sexo a razón de un jurado por cada mil electores masculinos y femeninos empadronados en el registro general actualizado. El jurado estará compuesto por 12 ciudadanos titulares y 6 suplentes, quienes decidirán en torno a la inocencia o culpabilidad del ciudadano sometido a proceso.

Esta modalidad se aplicará para juzgar delitos con una pena mayor a quince años, que en general son aquellos que han provocado muerte, y delitos de violación, secuestro, robo agravado, asociación ilícita agravada, entre otros. Los procesos deberán ser planteados a partir de un lenguaje claro con el objetivo de que los argumentos puedan ser comprendidos por todos.

La iniciativa, que fue promovida por el Gobernador Daniel Scioli e impulsada por el Vicegobernador Gabriel Mariotto, obtuvo media sanción en diciembre del año pasado por la Cámara de Diputados y fue convertida en ley por el Senado.

Estoy convencido que su implementación permitirá dar un mayor grado de transparencia a la administración de la justicia y ligara de echo el control de la ciudadanía sobre el sistema penal reduciendo las distancias entre los mismos, tal cual lo establece la Constitución.