La resolución de la asamblea de la CSI , impulsada desde la CTA de los Argentinos que conduce Hugo Yasky, indica claramente que “faculta a sus centrales obreras de base nacional y regional a recabar información sobre el proceso de negociaciones intergubernamentales hacia el marco jurídico multilateral iniciado por Naciones Unidas y difundirla entre sus afiliados,

Además faculta a que impulsen acciones tendientes a “denunciar las consecuencias que tienen las maniobras especulativas de los fondos buitres, para los/as trabajadores/as y para el desarrollo sostenible, justo e inclusivo de las sociedades”.

Y autoriza sus miembros a “desarrollar acciones para difundir a nivel regional y nacional las opiniones y propuestas del movimiento sindical sobre este tema y para hacerlas llegar a las representaciones gubernamentales que deberán llevarlas a la sesión de la Asamblea general de la ONU de 2015” .

En ese contexto, Baradel – desde Bélgica – señaló que “existe una gran preocupación en el sector de los trabajadores ya que el fallo del juez Griessa es considerado como una amenaza para la soberanía de todos los países ya que estas maniobras especulativas atentan contra el bienestar de los pueblos, sus economías y democracias”.

A la vez que aseveró que “de prosperar estas iniciativas fraudulentas, los gobiernos de los países afectados deberían recurrir a severos planes de ajustes para poder pagar los intereses usureros y eso perjudicaría especialmente a los trabajadores y al desarrollo sostenible de cada países”.

Por último, Baradel señaló que “cada Central de Trabajadores quedó facultada para acercarle a los gobiernos de sus respectivo país el apoyo necesario para el año próximo presente ante la Asamblea General de las Naciones Unidas los fundamento necesario y tratar una resolución global en el tratamiento de la reestructuración de las deudas soberanas”.

La iniciativa de la CTA de los Trabajadores, y que hoy fue aprobada por el conjunto de las centrales sindicales internacionales, tiene su punto de partida el 9 de setiembre pasado cuando Asamblea General de Naciones Unidas aprobó por amplia mayoría (con solo 11 votos en contra y 41 abstenciones) la resolución 68/304 “Hacia el establecimiento de un marco jurídico multilateral para los procesos de reestructuración de deuda soberana”.

Cabe destacar que esa resolución de la ONU fue impulsada por el gobierno argentino y presentada por el Grupo de los 77 más China. La misma es un primer, pero importante, paso adelante en una de las reivindicaciones más sentidas por todos/as los que han analizado las causas profundas de la crisis que se desató en 2008: la necesidad imperiosa de poner reglas para prevenir y, en la medida de lo posible, evitar las recurrentes crisis de deuda soberana, los procesos especulativos que suelen acompañarlas y sus dolorosas consecuencias sociales.

Por primera vez, la Asamblea General de las Naciones Unidas asume el compromiso concreto “de hallar una solución oportuna, eficaz, completa y duradera al problema de la deuda y “decide elaborar mediante un proceso de negociaciones intergubernamentales y con carácter prioritario en su 69º período de sesiones, un marco jurídico multilateral para los procesos de reestructuración de la deuda soberana con miras a, entre otras cosas, aumentar la eficiencia, la estabilidad y la previsibilidad del sistema financiero internacional y lograr un crecimiento económico sostenido, inclusivo y equitativo y el desarrollo sostenible, de conformidad con las circunstancias y las prioridades nacionales.”

“Es evidente – señala la solucionar de la CSI – que un proceso de negociaciones de estas características reclama, para alcanzar resultados positivos, la participación de toda la sociedad. Una de las primeras acciones concretas vino del movimiento sindical internacional. El 23 de setiembre de 2014 en Nueva York, la compañera Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI, el compañero Hassan Yusseff, presidente de la CSA , y el Compañero Víctor Báez, secretario General de la CSA , junto a dirigentes de la AFL-CIO , de la CTC de Canadá, y de las centrales argentinas CTA de los Trabajadores y CGT argentinas, se reunieron con la Presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner para expresar la voluntad de denunciar las graves consecuencias sociales que provoca el accionar de los fondos buitres y contribuir a lograr que en 2015 la ONU adopte el mejor marco jurídico posible para los procesos de reestructuración de deuda soberana”.