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Primera audiencia con organizaciones y redes

La CIDH pone la lupa en los asentamientos precarios de América Latina

En América Latina, una de cada cinco personas vive en un asentamiento urbano precario donde sus derechos son vulnerados a diario.

21/03/2015

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Por eso, 27 organizaciones y redes con sede en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Guatemala, México, Perú y Uruguay que trabajan en materia de vivienda, tierra, hábitat y derechos humanos, celebraron tener la oportunidad de exponer esta realidad por primera vez ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Un delegado del barrio Rodrigo Bueno, de la Ciudad de Buenos Aires, explicará también las problemáticas que viven sus habitantes.

Nuestra región es una de las más urbanizadas del planeta. Las migraciones internas masivas y otros fenómenos sociales desbordaron la capacidad de los Estados para asegurar un hábitat digno, que incluya vivienda, condiciones ambientales seguras, infraestructuras y servicios básicos, escuelas y centros de salud, entre otros elementos.

Muchas personas tuvieron que buscar un espacio para vivir en la periferia de las ciudades, donde había suelo barato o vacante, sin servicios y en zonas de riesgo ambiental por contaminación del suelo o del aire, posibles derrumbes, inundaciones o por su cercanía con basurales abiertos. Además, en algunos casos, ocuparon tierras, exponiéndose al desalojo y a la persecución legal.

En estos barrios, las estructuras suelen ser construidas con materiales inapropiados y los habitantes no tienen acceso a servicios básicos, como agua corriente o saneamiento. También hay problemas como el hacinamiento. En una palabra: las condiciones de vida en los asentamientos precarios llevan consigo una serie de violaciones a los derechos humanos en general y a los derechos económicos, sociales y culturales en particular.

A pesar de que, según algunas estimaciones, los países latinoamericanos han invertido entre el 2% y el 8% de su Producto Interno Bruto (PIB) en programas de vivienda para los sectores más pobres, sigue aumentando el déficit habitacional cuantitativo. Es decir, la demanda supera ampliamente la construcción de nuevas viviendas.

Además, un gran número de viviendas sociales se construyeron con la intermediación del sector privado, lo que implicó importantes alteraciones en los planes urbanos vigentes. Lejos de contribuir al desarrollo integral de las ciudades y de sus habitantes, esta situación promovió un modelo de fragmentación física y social donde los grandes beneficiarios son los constructores y los agentes inmobiliarios y no la población, que recibe viviendas inadecuadas en tamaño, ubicación, servicios y articulación con la trama urbanizada.

Algunas soluciones a esta problemática dependen del Estado, sus políticas públicas de vivienda y de protección social, empleo y desarrollo, y su intervención en el mercado inmobiliario. Otras fueron planteadas y puestas en práctica por los mismos habitantes urbanos sin que hasta el momento se encuentren lo suficientemente reconocidas y respaldadas.

“Las organizaciones que solicitamos la audiencia sabemos de la complejidad de la problemática urbana. Esperamos poder aportar a que la CIDH aborde estos temas de una manera integral a través de su Unidad DESC, que este año se convertirá en Relatoría Especial”, explicó el CELS.

Las organizaciones que solicitaron la audiencia son:

Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Argentina
Centro de Capacitación en Ecología y Salud para Campesinos y Defensoría del Derecho a la Salud (CCESC-DDS), México
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), México
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Argentina
Centro de Estudios Urbanos y Regionales de Argentina (CEUR), Argentina
Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO), Perú
Centro de Intercambios y Servicios Cono Sur (CISCSA), Argentina
Centro de Investigación, Documentación y Asesoría Poblacional (CIDAP), Perú
Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento (COPEVI), México
Coalición Internacional para el Hábitat, Oficina para América Latina (HIC-AL), México
Consultoría Especializada en Justiciabilidad de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CEJUDESC), México
El Barzón Chihuahua, México
Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Espacio DESC), México
Federación de Asociaciones y Organizaciones para el Desarrollo del Hábitat Popular (FODHAP), Guatemala
Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM), Uruguay
Forúm Nacional de Reforma Urbana (FNRU), Brasil
FUNDAR Centro de Análisis e Investigación, México
Grupo de Estudio sobre Educación en Cárceles (GESEC), Argentina
Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico (IBDU), Brasil
Instituto Pólis, Brasil
Observatorio de Fenómenos Urbanos y Territoriales – Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina
Red Hábitat, Bolivia
Red Mujer y Hábitat América Latina, Chile
Servicios Jurídicos y Sociales (SERJUS), Guatemala
SUR Corporación de Estudios Sociales y Educación, Chile
Terra de Direitos, Brasil
Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ), México

(Fuente: CELS)


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