El 49 por ciento de las víctimas de trata de personas (relevadas por el Estado Nacional desde 2008 hasta hoy) han sido explotadas laboralmente, según un estudio realizado por el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, organismo dependiente del Ministerio de Justicia que se creó tras la sanción en 2008 de la Ley que considera a la trata como un delito sexual.

Entre 2008 hasta marzo de 2015, desde el Programa se rescataron a 8.151 víctimas de trata sexual y laboral, en el marco de causas judiciales que comprenden allanamientos, entrevistas en sedes judiciales y acompañamiento y asistencia en declaración testimonial, así como en reconocimiento fotográfico o en domicilio.

Una de las formas mediante las cuales se detecta el trabajo esclavo es debido a la línea para denunciar ese tipo de delitos (la línea telefónica 145), en la cual – entre enero y marzo de este año – se recibieron 544 llamadas, siendo el 44% de ellas (247) provenientes de la Ciudad de Buenos Aires.

La problemática de la trata de personas explotadas laboralmente volvió a ser agenda pública tras la muerte de dos niños de 7 y 10 años en un taller clandestino del barrio porteño de Flores, quienes quedaron atrapados en las llamas mientras dormían en un ambiente en donde, según el relato de vecinos, funcionaba un taller clandestino de confección de ropa.

Si bien la esclavitud y el trabajo forzoso fueron progresivamente abolidos a nivel nacional desde hace casi 100 años, actualmente existen nuevas formas de reducción a la servidumbre. De acuerdo a lo señalado por la Dirección de Rescate dependiente de la cartera conducida por Julio Alak, se relaciona con transformaciones económicas y políticas del sistema capitalista y la consolidación del modelo “neoliberal”.

“Al correr y limitar al Estado en su función de garante de los derechos de los ciudadanos”, el “libre mercado” crea un “terreno propicio para la legitimación de la explotación y sostenimiento de las desigualdades”, reflexionaron.

El informe relevó también que el 53 por ciento de las víctimas son de origen extranjero, en su mayoría boliviana (40%), paraguaya (31%) y dominicana (23%). La explotación laboral tiene una serie de características particulares por las cuales se genera una situación de “asimetría de poderes entre la víctima y el explotador”, por ejemplo: la retención de sus documentos, la falta de dinero o la imposibilidad de comunicarse.

“La trata de personas sigue sosteniéndose, entre otras cuestiones, por la naturalización de las desigualdades sociales”, destacaron; y por eso la que se realiza con fines de explotación laboral “también es considerada una de las formas más extremas de violación de los derechos humanos”.

En ese sentido, un reciente estudio de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) destacó la caída de 14,5 puntos porcentuales el trabajo asalariado no registrado entre 2003 2012, “a partir del desempeño económico y de las políticas públicas implementadas en los últimos años”.

En octubre del año pasado, durante la 18º Reunión Regional que se realizó en Lima, Perú, se presentó un informe de situación en los países de América latina en donde se rescató la tendencia decreciente de la informalidad laboral: si en 2009 era de 49,2 por ciento, ahora sería del 46,8; es decir, unos tres puntos porcentuales menos.

Télam